El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Ambos fueron declarados culpables de un delito continuado de prevaricación, si bien el también ex consejero de Economía y Hacienda fue condenado además por malversación recibiendo pena de cárcel.
En 2019, la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Griñán a 6 años y 2 días de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y 2 días, mientras que Chaves fue sentenciado 9 años de inhabilitación especial.
Durante la vista celebrada los días 4 y 5 de mayo para estudiar los recursos de casación, la Fiscalía pidió al alto tribunal que confirmara las condenas impuestas a casi una veintena de ex cargos de la Junta de Andalucía, incluidos los dos ex presidentes.
Para el Ministerio Público, ha quedado probado que «se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control», propiciando un sistema «prevaricador» donde «cada uno de ellos colaboró para la consecución del fin conjunto».
En aquellas vistas, la defensa de Griñán pidió al TS que le absolviera de los delitos de prevaricación y malversación al considerar que en los hechos probados no consta «ninguna irregularidad» del entonces consejero de Hacienda ni que tuviera conocimiento de ello ni tampoco «ánimo de lucro».
La defensa de Chaves solicitó igualmente su absolución del delito de prevaricación escudándose en sentencias anteriores del Supremo para defender que los dos acuerdos relativos a los anteproyectos de los Presupuestos andaluces -que aprobó cuando estaba en el Consejo de Gobierno- no pueden considerarse actos administrativos sino actos políticos, por lo que, a su juicio, no sería aplicable el delito de prevaricación.
El fallo del TS no se conocerá íntegramente hasta que esté redactado el voto discrepante anunciado por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, las cuales consideran que se deberían haber estimado parcialmente los recursos presentados por Griñán, Miguel Ángel Serrano, Jesús María Rodríguez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez, en el sentido de haber sido absueltos por el delito continuado de malversación de caudales públicos.
El tribunal ha estimado totalmente tres recursos de casación acordando absolver del delito continuado de prevaricación administrativa a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina.
Además, ha estimado parcialmente el recurso formulado por el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, condenándole por malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, pero apreciando la atenuante de reparación del daño. Así su pena pasa de 7 años de cárcel y 18 de inhabilitación absoluta a 3 años de prisión, otros tantos de inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo y 7 años y 6 meses de inhabilitación absoluta.
Reaccciones
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha lamentado que Andalucía vuelva a ser «hoy noticia» por asuntos relacionados con la corrupción. Ha insistido en que es un día de «tristeza», porque no le gusta que la imagen de Andalucía se «vincule con la corrupción». Por otro lado, Moreno ha indicado que le produce «cierto alivio» que al final se «haga justicia», porque, por lo que dice el Tribunal Supremo, el PSOE «repartió de manera arbitraria 680 millones de euros, sin transparencia y a capricho», y al final esas cosas se «tienen que pagar».
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que no usará la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE que condena a Manuel Chaves y José Antonio Griñán como en su día hizo con el ‘caso Gürtel’ el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Eso sí, ha señalado que ahora toca al PSOE «tomar decisiones» y «depurar responsabilidades» tras la decisión del alto tribunal.
«No voy a usar ningún caso por demoledor que sea, aunque sea el más grave de los 40 años de democracia», ha proclamado Feijóo. El líder del PP ha destacado que esta sentencia confirma que «durante muchos años la Junta de Andalucía se sirvió del dinero público para utilizarlo en beneficio de sus intereses electorales y de sus intereses políticos del PSOE», siendo «la mayor corrupción de la historia democrática de España» con un «impacto económico probado de 680 millones de euros».
Por su parte, el PSOE mantiene su defensa de la «honestidad» de Manuel Chaves y José Antonio Griñán y ha pedido «pudor» al Partido Popular y a su presidente Feijóo, a quien ha recordado que su sede de la calle Génova «está pagada con financiación ilegal».
Así lo ha manifestado la portavoz nacional de los socialistas, Pilar Alegría, en una rueda de prensa en Ferraz. «Pagan justos por pecadores», ha denunciado sobre los expresidentes andaluces, sosteniendo que ni Chaves ni Griñán «en ningún momento se beneficiaron personalmente de nada». Ha insistido en que «solo sus autores» son responsables de esas conductas y ha excluido de ello a los expresidentes de la Junta, cuya «honestidad» ha defendido insistiendo en que ninguno «se quedó ni un céntimo de euro».
La portavoz de los socialistas ha recordado que el PP es «el único partido condenado por financiación ilegal» y sin embargo Feijóo «no ha dado ninguna explicación de ello. Esta mañana mismo ha hecho una rueda de prensa en una sede que está pagada con financiación ilegal».
También el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, se ha reafirmado este martes en defender la «honorabilidad» de Chaves y Griñán. Espadas se ha ratificado en defender «la honorabilidad de estas personas que han dedicado toda su vida al servicio público», y bajo cuyos mandatos se produjo «buena parte del progreso de Andalucía».
El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha realizado un llamamiento al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, para que «el PSOE andaluz devuelva hasta el último céntimo de euro distraído de los andaluces, y nos diga dónde, cómo y cuándo van a devolver todo el dinero».
La sentencia que ratifica las condenas ha servido también para que Cortés pida al actual presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, «que deje ya de pactar con el PSOE andaluz y de reunirse con UGT y CCOO, que son parte de esa corrupción del socialismo andaluz».
La responsable de IU Andalucía y portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha reiterado este martes la «condena más absoluta» de su formación por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Nieto ha señalado que, «a la espera de conocer la sentencia, toca redundar en la responsabilidad política de quienes ahora además están condenados penalmente por aquel escándalo que supuso el uso indebido de fondos públicos en el seno del Gobierno de la Junta».
«Reiteramos nuestra condena más absoluta a aquel episodio de corrupción que está entre los más sonados de la historia de nuestro país», ha señalado.
La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha manifestado sobre la sentencia que «es algo por lo que el PSOE no debe parar de pedir disculpas a la sociedad andaluza». Asimismo, ha afirmado que «la sociedad andaluza requiere del PSOE una autocrítica clara de esos 37 años y una propuesta de limpieza que garantice que no va a volver ocurrir».
La portavoz de Adelante ha afirmado que la sentencia del Supremo sobre los ERE, «hace un daño terrible a la autonomía andaluza al echar la vista atrás y darse cuenta de que los dos presidentes principales que han tenido esta comunidad autónoma, que forman parte de la memoria colectiva de esta tierra, que están vinculados a la historia de nuestra propia autonomía, se encuentran condenados por corrupción».
Por último, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, considera «increíble» que el PSOE haya defendido «hasta el final» a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los ERE. «Si fueran de otro partido estaría ardiendo Troya», ha comentado.
Respecto a un posible indulto a Griñán, por parte del Gobierno, para evitar su entrada en prisión, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha rechazado hacer «hipótesis» sobre esa posibilidad. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez ha mostrado el respeto del Ejecutivo por todas las resoluciones judiciales y ha recalcado que, en este caso concreto, sólo se conoce el fallo del Supremo, pero no el contenido de la sentencia, sus fundamentos jurídicos o si habrá o no votos particulares. «No conviene aventurarse en hipótesis; en estos momentos es avanzar muchas pantallas», ha apostillado, recordando que son necesarios «muchos trámites previos para empezar la solicitud» de la medida de gracia por parte de los condenados.
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