Al menos 162.000 vecinos en dos municipios mayores de 10.000 habitantes de Huelva, lo que supone un mínimo del 29,2% de la población total de la provincia, ya tienen la posibilidad de acceder a bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por instalaciones de autoconsumo con fotovoltaica, con un máximo del 50% del IBI de tres años en el caso de Huelva, al 25% del IBI en cuatro años, para el de La Palma del Condado.
Además, otro grupo de cinco municipios onubenses mayores de 10.000 residentes también contemplan bonificaciones en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que van desde el 20 al 50% del Ayuntamiento de Lepe o entre el 25 y el 50% de Almonte (según condiciones) al 95% de Aljaraque, pasando por el 30% de Huelva y el 50% de Gibraleón.
Así lo recoge la comercializadora de renovables Unieléctrica del último informe de la Fundación de Energías Renovables (FER), un estudio dado a conocer hace días de 570 municipios españoles de más de 10.000 habitantes (de los 760 existentes) con ordenanzas para bonificaciones del IBI y/o en el ICIO por instalar un sistema fotovoltaico de autoconsumo. Las cifras de vecinos que potencialmente pueden beneficiarse de deducciones del IBI por autoconsumo de fotovoltaica previsiblemente es mayor, ya que en los últimos meses son numerosos los ayuntamientos –hay 8.131 en toda España- que se siguen sumado a esta iniciativa, muchos de ellos parte de los 7.600 con una población menor de los 10.000 habitantes que no se contemplan en el estudio de la FER, pero que suponen el 20% de la población española.
Volviendo a Huelva, el estudio da cuenta de que la provincia es una de las que menos municipios de más 10.000 habitantes, solo dos consistorios de los 14 de la circunscripción, bonifican con el IBI o el ICIO las instalaciones de energías renovables para autoconsumo de los ciudadanos. Según Unieléctrica, «tampoco la FER cree que las ordenanzas sean las óptimas para fomentar este pilar del cambio energético propugnado para España». Aún así, califica ambas ordenanzas con un ‘aceptable’ 1,5 puntos para Huelva, que contempla bonificaciones de hasta el 50% del IBI a lo largo de tres años, con la limitación de que el uso debe de ser exclusivamente residencial y con una bonificación máxima del 33% del coste de la instalación.
Para la ordenanza del IBI del Ayuntamiento de La Palma del Condado, que contempla bonificaciones del 25% en cada uno de los 4 años posteriores a la obra. La FER otorga un único punto que viene a suponer un ‘aprobado raspado’ en sus criterios. Eso sí, ambos consistorios onubenses siempre están muy por delante de los más de 300 municipios de España de más de 10.000 habitantes que aún no tienen en su ordenanzas bonificaciones del IBI por instalaciones de energía renovables para el autoconsumo.
En Andalucía, un total de 60 municipios con más de 10.000 habitantes ya cuentan con ordenanzas con deducciones en el IBI en este capítulo, lo que abarca un 39,4% de la población total de la comunidad autónoma, con ‘descuentos’ que van del 10 al 50% y en periodos desde un solo año hasta los 10 años.
En el ámbito nacional, el último estudio de la FER de bonificaciones del IBI por autoconsumo contempla 415 ordenanzas de otros tantos municipios mayores de 10.000 habitantes (hay 760 en total en España) que abarcarían una población de 26,84 millones de españoles, el 56% del total del censo, aunque, como ya se ha dicho, cada vez son más los municipios con menos de 10.000 habitantes que se suman a la regulación de bonificaciones en el IBI para la instalación de placas fotovoltaica para autoconsumo y que elevarían esta cifra.
De estos 760 municipios españoles con más de 10.000 habitantes, 292 ofrecen además de reducciones al IBI también y simultáneamente al ICIO por instalaciones fotovoltaicas al autoconsumo, y con descuentos entre el 10 y el 95% del total, aunque «hay que tener en cuenta que supone una cuantía mucho menor que la del IBI, ya que este impuesto tiene un tipo impositivo muy bajo, en torno al 4% del valor de la obra».
De hecho, y según afirma Diego Montes, director gerente de Unieléctrica, «la bajada de los costes de montar las placas y el sistema, la bonificación del IBI y del ICIO junto al ahorro que se obtendría por el autoconsumo directo y, después, por los excedentes volcados en la red a través de una comercializadora autorizada, convierten a estas instalaciones en la mejor fórmula para abaratar el recibo de la luz (directa e indirectamente) a la vez que se avanza hacia otro modelo energético y con ciudades sostenibles».
En general, los datos de la FER reflejan una apuesta desde el ámbito municipal por el autoconsumo, la eficiencia y el nuevo modelo energético propugnado en España, aunque todavía con más sombras que luces. De entrada, «estas bonificaciones no son necesarias para que una instalación de autoconsumo sean rentable», aunque «sí actúan de efecto llamada» y son un buen incentivo para que la ciudadanía se sume. Capítulo aparte, entidades como determinadas comercializadoras (Unieléctrica, entre ellas) también financian el coste total de la instalación con los descuentos que pueden hacerse al recibo por los excedentes volcados en la red.
En este último y meticuloso informe de la FER, la entidad concluye haciendo un llamamiento a los 190 ayuntamientos españoles con más de 10.000 habitantes que no ofrecen bonificación alguna sobre el IBI ni el ICIO para que modifiquen sus ordenanzas fiscales. Capítulo aparte, de los 415 municipios que hacen descuento en el IBI por instalar fotovoltaica, señala la existencia de 109 consistorios «que establecen unas condiciones restrictivas o muy restrictivas, impidiendo a la gran mayoría de la ciudadanía acceder a ellas», son «restricciones que técnicamente resultan casi imposibles de cumplir, como ligar potencia con superficie o fijar porcentajes de energía autoconsumida muy altos».
En el caso del ICIO son 38 los municipios que establecen condiciones «restrictivas o muy restrictivas». En muchas ocasiones, estos municipios pertenecen a una misma provincia, consecuencia de ‘prestarse’ ordenanzas ineficaces entre técnicos municipales de consistorios distintos por no disponer de personal especializados. Ante ello, la FER aboga por «formar en transición ecológica a todas las personas que trabajan en las administraciones públicas» ya que «solo así podremos lograr este cambio de modelo energético con todos los beneficios que le ofrece la ciudadanía».
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