
La Comisión Europea plantea que el modelo de la excepción ibérica que permite a España y Portugal poner un techo al precio del gas utilizado para generar electricidad se extienda al resto de la Unión Europea con un tope de entre 100 y 120 euros el Mwh, un límite más suave que la media de unos 48,8 euros del marco hispanoluso; un paso con el que estima un beneficio neto de 13.000 millones de euros para el bloque.
«Sumar este mecanismo por encima del tope inframarginal produciría así un beneficio neto de aproximadamente 13.000 millones de euros sobre los 70.000 millones del tope inframarginal», apunta el documento de trabajo que el Ejecutivo comunitario ha circulado entre las capitales en el marco de las negociaciones para intervenir el mercado energético.
En este punto, añade Bruselas, los beneficios netos resultantes tendrá un «efecto beneficioso sobre la inflación», si bien advierte de que uno de los riesgos asociados a la medida es el previsible aumento del consumo del gas, en contra del objetivo de buscar fuentes alternativas tras la ruptura con Rusia por su invasión de Ucrania.
En este contexto, los servicios comunitarios apuestan por fijar un precio máximo «lo suficientemente algo para que la energía a gas no se vuelva más atractiva» que el producir electricidad a partir de otras tecnologías que fijan en entre 100 y 120 euros el megavatio por hora, casi el doble del límite medio de unos 48,8 euros que Bruselas permitió a Lisboa y Madrid.
Con ello se busca el «equilibrio» entre la efectividad de la medida y evitar que el gas gane terreno a las tecnologías alternativas, explica el documento, que también recalca que en la situación actual, con un precio del gas de unos 60 euros el MWh, esta medida no tendría impacto.
Entre los riesgos, los servicios comunitarios apuntan que el consumo podría dispararse en gran medida por el aumento de los flujos de electricidad subvencionada a vecinos extracomunitarios, como Reino Unido o Suiza, lo que sumado al incremento dentro de la UE podría derivar en un «volumen de consumo adicional de gas de entre 5.000 y 9.000» millones de metros cúbicos (bcm).
A la hora de calcular el coste para cada país y sus consumidores, el Ejecutivo que preside Ursula von der Leyen apunta que dependerá de la cantidad de centrales eléctricas de gas presentes en cada uno de los Estados miembro, ya que será más elevado en aquellos que dependan en gran medida del gas para producir su electricidad.
A su llegada a la reunión de ministros de Energía de la UE en Luxemburgo, la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que España apoyará a los países que defienden la extensión del mecanismo ibérico porque entiende que se sientan «desprotegidos» frente al alza de los precios.


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