La Fiscalía Anticorrupción ha respondido a la Audiencia Provincial de Sevilla que se opone a suspender la pena de cárcel de 6 años al ex presidente andaluz José Antonio Griñán, avalando así su ingreso en prisión por delitos de prevaricación y malversación el ‘caso ERE‘.
La Audiencia de Sevilla había pedido al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas que se pronunciaran sobre si debe suspender o no la pena de prisión para Griñán y otros ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía (los ex consejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández; los ex viceconsejeros Jesús María Rodríguez y Agustín Barberá; y Miguel Ángel Serrano, director de la agencia IDEA, y el onubense Juan Márquez, director de Trabajo) mientras se tramitan los indultos planteados.
El Tribunal Supremo confirmó el pasado julio la condena a Griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) a 6 años de cárcel por delitos de prevaricación y malversación y 15 años y dos días de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación, por el procedimiento específico mediante el cual la Junta de Andalucía canalizó sus subvenciones para prejubilaciones en ERE fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas.
El TS consideró probado que Griñán tenía «conocimiento de la ilegalidad» del criterio que se siguió con los ERE, al tiempo que destacó su «pasividad ante el despilfarro y la arbitrariedad con la que se concedieron las ayudas».
Una vez escuchadas las partes, la Audiencia de Sevilla deberá decidir si ordena o no el ingreso en prisión de Griñán y los demás condenados a penas de cárcel, algo para lo que se suele conceder diez días.
Además de las peticiones de indulto presentadas el pasado 1 de septiembre, la defensa de Griñán formuló el día 27 de ese mes, un incidente de nulidad en el Tribunal Supremo (TS) que aún está pendiente de respuesta.
El alto tribunal ratificó también la condena al también ex presidente andaluz Manuel Chaves a 9 años de inhabilitación por prevaricación, por lo que en su caso no hay pena de cárcel.
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