La Memoria de la Unidad de Policía Adscrita recoge la difícil situación de este cuerpo por falta de efectivos

Sanz destaca que sclareció el 90% de los incendios investigados durante el pasado año

Antonio Sanz ha presentado la Memoria de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha presentado la Memoria de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía del año 2022, que  recoge la difícil situación en la que se encuentra por la falta de efectivos.

A fecha de hoy, esta Unidad está compuesta por 406 funcionarios, cifra muy alejada de las 725 plazas asignadas por el catálogo de la Dirección General de la Policía. Esto se traduce en un porcentaje de completitud del 55%, distante del 92% con el que cuenta el Cuerpo Nacional de Policía en sus plantillas. Además, a lo largo de este año hay previstas otras 18 bajas más.

Por otro lado, Sanz ha destacado que el pasado año los agentes de la Unidad esclarecieron un total de 60 incendios, casi el 90% de los investigados (89%). Así lo ha deslizado en Cádiz, donde ha mantenido una reunión con la nueva jefa provincial de la Policía Adscrita, Amelia Agustina Herranz.

«Quiero resaltar este trabajo. Se ha notado la presencia constante y eficiente de la Unidad Adscrita en el medio natural. Han disminuido el número de incendios, pero de los 67 incendios investigados se han esclarecido 60. Es un porcentaje excepcional, importantísimo. Merece la pena destacarlo y quiero felicitar a la Unidad por ello», ha destacado el consejero.

Así, Sanz ha querido agradecer el trabajo de la Unidad de Policía Adscrita a la que ha calificado como «esencial» pese a la «grave falta de efectivos» que viene sufriendo desde hace años. En todo caso, Sanz ha defendido la gestión del Gobierno andaluz en lo que respecta a la Unidad: «Cuando llegamos al Gobierno en 2019 nos marcamos el objetivo de ampliar las funciones de la Policía Adscrita y creo que lo estamos logrando».

Sanz ha puesto algunos ejemplos del compromiso del Gobierno con la Adscrita, como la creación de U.R.O.M. (Unidad Regional Operativa Medioambiental), G.A.R.Z.A (Grupos de Actuación y Respuesta en Zona Acuática) y E.S.C.V.D.O. (Equipo de Seguridad, Ciberprotección y Vigilancia Digital Operativa).

Respecto a U.R.O.M, ha explicado que es una unidad operativa «pionera en España» en la persecución de tráfico ilegal de residuos altamente contaminantes (R.A.E.E.). El pasado 2022 añadió 4 personas puestas a disposición judicial a las 11 puestas desde su constitución, superando las 100 toneladas de material contaminante intervenido.

Por su parte, el Grupo G.A.R.Z.A, para mejorar sus actuaciones, fue dotado en 2022 con cuatro embarcaciones de 5 metros de eslora, perfectamente equipadas para el uso policial.

En cuanto a E.S.C.V.D.O, este grupo fundamenta su actuación en la ciberseguridad, orientada a velar por la protección de las instituciones y detectar conductas delictivas que son competencia de esta Unidad, además de erigirse en punto de contacto con la Agencia Digital de Andalucía para realizar funciones relacionadas con los ciberataques a las infraestructuras de la región.

Respecto a los dispositivos extraordinarios en los que participó la Unidad, la Memoria recoge los realizados para la Romería de la Virgen de la Cabeza, el Gran Premio de España de Moto GP de Jerez de la Frontera, el Plan Romero o el Plan Infoca. Así, el pasado año destacó especialmente el dispositivo Escaño, planificado y ejecutado con motivo de las Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022, en el que se veló por la seguridad del Centro de Recogida y Difusión de Datos del proceso electoral y de las Delegaciones de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Por otro lado, dentro de las funciones realizadas por la Unidad, la Memoria resalta la realización de más de 7.000 inspecciones en viviendas de propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, las 16.623 máquinas tragaperras inspeccionadas, los más de 38.000 cupones ilegales intervenidos, la imposición de 7.114 denuncias por conductas de riesgo en el entorno natural, los 340 menores retirados del ámbito familiar o los 60 puestos a disposición judicial por delitos que victimizan a los menores.

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