La Asociación Española de Consumidores (Asescon) considera que el Plan de Viviendas del Sareb del Gobierno de Pedro Sánchez, presentado este martes, es «humo» al «no tener plazos de ejecución».
Y es que, para Asescon, el anuncio que hizo Sánchez de movilizar 50.000 viviendas de la Sareb para dedicarlas al alquiler social, y su aprobación en el Consejo de Ministros de este martes, «conlleva diferentes interrogantes». El primero, va enfocado a lo que ha anunciado el Gobierno en lo que respecta a que salgan al mercado a precios asequibles. «Desde nuestro punto de vista, se trata de un concepto altamente indeterminado y debería aclararse de cara a una mejor interpretación de estas medidas por parte del mercado», señala la asociación de consumidores.
La segunda duda es si realmente se va a llegar a esas 50.000 viviendas prometidas. Según Asescon, el plan anunciado hoy por el Gobierno señala que a esa cantidad se llegará con 14.000 viviendas ya habitadas; 15.000 que serán construidas en suelo público perteneciente a la Sareb en colaboración con el sector privado, «lo que no será rápido» y otras 21.000 que ya están construidas y vacías para poner a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos, que tendrán que adquirirlas, «sin aclarar también esas condiciones de adquisición». Respecto a esto, cabe señalar que de las 14.000 viviendas habitadas, «buena parte están ocupadas ilegalmente». Por tanto, la asociación se pregunta «¿cómo va el Gobierno a legalizar una situación irregular de este tipo?». Y respecto a las 21.000 viviendas construidas, «¿en qué condición están? y, en caso de necesitar obras para mejorar las condiciones de habitabilidad, ¿quién las va a acometer?».
En resumen, desde la Asociación Española de Consumidores se considera que este Plan «no se va a desarrollar en la totalidad, como otras medidas ya presentadas por el Gobierno de España -como por ejemplo, los impagos de hipotecas y el Código de Buenas Prácticas Bancarias-, es carente de plazos, con lo cuál «poca solución se está dando y, además, juega con las expectativas de muchas familias necesitadas de vivienda».
Por otro lado, desde la Asociación Española de Consumidores se exige soluciones a las ocupaciones ilegales de viviendas que sufren muchos ciudadanos. «Son necesarios instrumentos ágiles en la legislación y los juzgados para acelerar los procesos de desahucios», apunta Asescon. En este sentido, asegura, «la ineficacia de las administraciones públicas para ofrecer una vivienda digna tal y como señala la Constitución Española no la deben pagar los ciudadanos que cuentan con viviendas en propiedad y que ven cómo son usurpados sus derechos sin que haya una solución rápida a este asunto generando problemas graves de convivencia como hemos visto días atrás».
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