Funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de Justicia han vuelto a manifestarse en la Subdelegación del Gobierno en Huelva en defensa de una subida salarial «digna» que sea «acorde» con las funciones que desempeñan, en el tercer día de huelga indefinida, con un seguimiento del 85%, según los sindicatos convocantes.
En Huelva, coincidiendo con el día de la salida de las carretas al Rocío, los funcionarios han preparado una performance vestidos de faralaes con flores en el pelo, mantoncillos y caretas con la cara de la ministra de Justicia, Pilar Llop, a la que han cantado sevillanas «para abrir el camino a una negociación».
Estas protestas obedecen al calendario de movilizaciones que desarrollan las organizaciones sindicales como consecuencia de la «nula» voluntad por parte del Ministerio de Justicia de presentar a las organizaciones representantes de los trabajadores una oferta de subida salarial al personal de Justicia en reconocimiento de las funciones que realizan a diario en los juzgados.
El calendario de movilizaciones persigue también la paralización de la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que impone nuevas condiciones laborales (destinos, horarios, retribución de funciones, etc.) «sin previa negociación». El pistoletazo de salida a estas acciones reivindicativas tuvo lugar el día 12 de abril en Madrid con una concentración de delegados sindicales de Justicia de toda España delante del Ministerio de Justicia.
En Huelva, desde que comenzó el conflicto, hay unas 20.000 actuaciones judiciales suspendidas y aplazadas, además de 8.000 demandas sin registrar, según datos del comité de huelga.
Para los sindicatos, el silencio de las ministras de Justicia y de Hacienda, Pilar Llop y María Jesús Montero, después de un mes de movilizaciones es «absolutamente indignante, inaceptable e inaudito». A su juicio, «el presidente Pedro Sánchez también es responsable, porque no ha respondido a la carta enviada por el comité de huelga que representa al 93% de la plantilla de Justicia, emplazándole a intervenir ante la incapacidad demostrada por sus dos ministras».
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