Los funcionarios de la Administración de Justicia de Huelva continúan la huelga indefinida y han vuelto este miércoles a manifestarse desde el Palacio de Justicia hasta la Subdelegación del Gobierno de la capital. Han sido numerosos funcionarios los que se han manifestado, ya que pese al anuncio del adelanto electoral, los sindicatos convocantes decidieron en reunión del Comité de Huelga nacional continuar con la hoja de ruta diseñada hasta que el Gobierno tenga en cuenta sus reivindicaciones y cambie de postura ante el trato que están recibiendo al no tener en cuenta sus demandas en la redacción de la a Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), una ley que supone “el deterioro de las condiciones de trabajo de este personal”.
Según ha puesto de manifiesto el comité de Huelga “el Gobierno actual sigue en pleno ejercicio de sus funciones y tiene la capacidad legal para negociar con las organizaciones sindicales y resolver el conflicto, pese a que en julio haya elecciones ya que existen precedentes de acuerdos firmados con gobiernos semanas antes de elecciones como los ocurridos en 2008 y 2018”.
En este sentido, los sindicatos hacen un llamamiento al Ministerio de Justicia para que “asuma su responsabilidad hacia los empleados públicos de Justicia y la ciudadanía española” y exigen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “intervenga en el conflicto y obligue a sus ministras a negociar y buscar un acuerdo que ponga fin a la huelga indefinida” y solicitan una reunión con un calendario de negociación para encontrar una solución acordada que satisfaga a ambas partes.
Asimismo, la representación sindical hace un llamamiento al personal de Justicia para que se mantenga las medidas de presión y continúen respaldando la huelga indefinida, que en el caso Huelva sigue superando el 60% de participación después de un mes y medio” y ha destacado que “el Gobierno actual tiene la oportunidad de solucionar este conflicto que afecta a millones de ciudadanos y profesionales de la Justicia”.
Los funcionarios de Justicias comenzaron las protesta el pasado mes de abril, para reclamar, entre otras cosas, subida salarial acordes con las funciones que desarrollan, así como la paralización de la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa, (LOEO) que “el Ministerio de Justicia quiere imponer sin negociar poniendo en riesgo los puestos de trabajo, destinos, movilidad voluntaria retribuciones especiales y funciones concreta”
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