
En Huelva se han suspendido y aplazado más de 20.000 juicios y hay unas 8.000 demandas sin registrar desde el inicio del conflicto en Justicia, según han indicado los sindicatos convocantes de las protestas.
Ya el Colegio de Abogados de Huelva, ICAH, daba la voz de alarma este jueves por la ralentización que padecen los diferentes órganos judiciales en la provincia onubense debido a esta situación. Las últimas huelgas y paros, primero la de letrados, posteriormente el anuncio de jueces y, en estos momentos, los funcionarios de Justicia, está teniendo consecuencias negativas en el devenir diario del funcionamiento de los diferentes juzgados de la provincia.
El decano del ICAH, Fernando Vergel, reconoce que se están retrasando «una y otra vez» procedimientos que «ya deberían estar resueltos» y asegura que la abogacía en esta provincia está sufriendo también las consecuencias «de manera grave».
Es por ello que el ICAH reclama una solución «inmediata y duradera» para terminar con esta situación. Y va mas allá, instando a Justicia a que dialogue y no se levante de la mesa de negociación hasta que ambas partes lleguen a un acuerdo. Además, considera que en estos días de transición «debería haber un gesto de buena voluntad por las partes y limitar las consecuencias de la huelga». Pero no parece que esto vaya a ocurrir.
Los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de Justicia de Huelva vienen manteniendo distintas movilizaciones, como está ocurriendo en gran parte del país, en las que reinvindican, entre otras mejoras, un aumento salarial por las funciones que han venido desempeñando históricamente y que no se les reconocen ni se les remuneran.
Unas protestas que se han endurecido tras la decisión del Gobierno de no negociar hasta después de las elecciones generales del 23 de junio. Este plante del Ejcutivo ha conllevado el encierro en el Ministerio de Justicia de ocho miembros del comité de huelga desde el pasado martes, si bien este pasado viernes tomaban la decisión de poner fin a dicho encierro después de que los vigilantes de seguridad recibieran la orden de prohibir que se les llevara comida. No obstante, se mantiene la huelga indefinida convocada desde el 22 de mayo.
En Huelva, las protestas de los funcionarios de justica no han cesado desde que se iniciara el conflicto. La última se producía este miércoles con una manifestación desde las puertas del Palacio de Justicia hasta la Subdelegación del Gobierno para brindar apoyo a los miembros del comité de huelga encerrados en Madrid.
Según los sindicatos convocantes de la protesta, a pesar de la primera reunión mantenida con el departamento dirigido por Pilar Llop, la Administración no ha presentado una propuesta «seria» de mejora salarial para los 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del país. En la comunidad andaluza se encuentran 9.000 de estos funcionarios, mientras que en Huelva hay 500.
De este modo, continúa la huelga indefinida, junto con protestas, concentraciones, manifestaciones y asambleas informativas celebradas en el Palacio de Justicia de Huelva capital y en otras localidades de la provincia de Huelva para dar a conocer la situación de este conflicto.
Los sindicatos convocantes exigen al Gobierno que ponga encima de la mesa una propuesta económica para negociar. En concreto, exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.


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