Las asociaciones de la Prensa de Huelva, Cádiz, Jaén, Málaga, Sevilla, Granada y Jerez y el sindicato de CCOO han condenado este jueves la agresión a un cámara de Canal Sur Televisión el pasado 12 de octubre durante una protesta ante la sede del PSOE en la que este profesional de la información «recibió un manotazo y al que le golpearon su cámara, provocando daños en el equipo de filmación».
Según señalan las asociaciones de la Prensa, el reportero gráfico sufrió, además, «todo tipo de insultos y amenazas» por parte de los manifestantes que acudieron a la sede socialista de la calle La Palma, «tras un llamamiento de Vox». De este modo, lamentan estos hechos, que «contravienen claramente» el artículo 20 de la Constitución Española respecto a las Libertad de Prensa, y exigen a todas las formaciones políticas, especialmente a Vox, que «respeten y hagan pedagogía sobre el derecho a la información, a la libertad de prensa y a la democracia en general, lo que incluye el libre trabajo de los profesionales del periodismo en cuantos actos y noticias de interés social se generen».
Del mismo modo, las asociaciones de le prensa piden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que investiguen estos hechos, considerados “muy graves”, en pro de «la paz social, y que garanticen la integridad física de los profesionales de la información en próximas manifestaciones».
«Por todo ello, nos solidarizamos con nuestro compañero y hacemos un llamamiento a la convivencia con los profesionales de la información en cualquier ámbito de actuación. Consideramos que la profesión periodística es un termómetro para la calidad democrática de un país, y que hechos como este deben ser condenados enérgicamente», señalan las asociaciones de Prensa.
Por su parte, CCOO condena esta esta agresión y exige a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que garanticen la integridad física de los informadores, así como el derecho de la ciudadanía a «recibir una información sin coacciones hacia los profesionales».
Asimismo, CCOO exige a la dirección de la RTVA en Huelva y a la dirección de la radio y televisión públicas de Andalucía que tomen las medidas necesarias para garantizar, «con los medios que sean precisos», la seguridad de sus trabajadores en situaciones de conflicto, «empezando por no exponerlos en coberturas que obedecen a intereses ajenos a la labor informativa y nada tienen que ver ni con el interés noticioso ni con el servicio público que por ley tenemos encomendado».


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