La portavoz de La Izquierda de Huelva (Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz) en el Ayuntamiento de la capital onubense, Mónica Rossi, ha anunciado este lunes una iniciativa al pleno del próximo miércoles encaminada a que el Ayuntamiento de Huelva inicie los trámites para la creación de una empresa municipal de la energía que «alivie la situación de muchos ciudadanos onubenses y mejore el servicio eléctrico».
Rossi ha señalado que esta iniciativa ya se ha puesto en marcha en ciudades como Barcelona o Cádiz, ya que una empresa pública «puede tener control sobre los precios y beneficiar a los onubenses a la hora de emitir la factura». En Barcelona, según ha explicado, «se ha conseguido amortiguar los precios frente a las constantes subidas, mientras que en la ciudad gaditana, un informe de la OCU destacó a Eléctrica de Cádiz, como una de las comercializadoras más baratas del mercado libre».
Rossi ha recordado que desde el Gobierno de coalición en España, se ha legislado para «proteger a las personas vulnerables», a través del Bono Social Eléctrico, “hemos sido junto a Portugal la llamada ‘Excepción Ibérica’ a través de la cual se permitía poner un precio máximo al gas con el que se genera la electricidad, protegiendo y beneficiando a personas, familias y empresas, consumidores con contrato regulado, con y sin bono social, y que estaban expuestos a las variaciones del precio de la electricidad y que ha finalizado en diciembre de 2023”.
Desde el 1 de enero entró en vigor la nueva fórmula de cálculo o del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa eléctrica regulada, a la que están acogidos unos 8,5 millones de consumidores en España, alrededor de un tercio de todos los domésticos. Esta modificación supondrá un impulso a la contratación de electricidad en los mercados a plazo, lo que se traducirá en una mayor estabilidad en las facturas de hogares y micropymes españolas, evitando episodios de fuerte volatilidad, como la vivida durante los últimos años, especialmente acusada durante los primeros meses de la guerra de Ucrania
Los ayuntamientos pueden como administración cercana a las personas incidir de manera directa en la consecución de energía para la ciudadanía. La creación de una comercializadora responde a «aumentar la participación pública en un sector económico fundamental para el desarrollo de las personas; ganarle terreno al oligopolio eléctrico», señala Rossi. Su objetivo es convertirse en una herramienta útil para acelerar el cambio de modelo energético desde las ciudades, «un proceso cada día más urgente». Y «hacerlo desde una lógica de servicio público de un bien común con ventajas como una mejor gestión energética de los edificios y organismos públicos, acompañamiento del ciudadano en el cambio de cultura energética y facilitar la financiación de instalaciones renovables en comunidades locales de energía».
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