Los sindicatos CCOO y UGT se han movilizado este domingo, 2 de febrero, con una concentración en la Plaza de la Constitución para denunciar el «uso oportunista» de los derechos sociales y la protección de la mayoría social y, particularmente, a los más vulnerables.
La secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, alega que las personas y sus derechos «no pueden ser rehenes de la lucha partidista ni de los intereses inmediatos de algunos partidos políticos. Por delante de la clase trabajadora, los pensionistas y los colectivos más vulnerables no pueden estar las estrategias políticas. Nos ha costado mucho conseguir un sistema de pensiones público y sostenible, y no vamos a permitir que ahora sea amenazado por disputas cortoplacistas que buscan debilitarlo en favor de su privatización”.
Asimismo, el secretario general de UGT Huelva, Francisco Gutiérrez Bernal, ha declarado que mantener estas movilizaciones tiene como propósito explicar que «hoy nos movilizamos para denunciar el uso oportunista de los derechos sociales y la protección de la mayoría social». Gutierrez ha señalado que esta situación afecta a un 60% de la población de Huelva, que «ha visto cómo una mayoría en el Congreso, que afirmaba defender los intereses generales, les ha perjudicado económicamente”. A pesar de que se ha emitido un nuevo decreto que incluye las principales medidas del Ómnibus, para los sindicatos éste sigue siendo «claramente insuficiente para las necesidades de los trabajadores».
Perea ha señalado que el Parlamento debe estar «al servicio de la gente, no de estrategias de vuelo corto que solo consiguen desprestigiar a quienes las realizan y tienen efectos negativos sobre las instituciones democráticas que deben defender”.
Según ambos sindicatos, la no convalidación del Real Decreto Ley 9/2024 «puso en riesgo» medidas sociales fundamentales que «afectan a millones de personas»:
-Más de 107.000 de pensionistas de Huelva veían amenazada la revalorización de sus pensiones, principalmente las mujeres.
-24.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) quedaban en la incertidumbre sobre su protección solo en nuestra provincia, una barbaridad.
-El incremento de las pensiones mínimas entre un 6% y un 9% estaba en peligro.
-Las ayudas para las víctimas de la DANA y el volcán de La Palma quedaron bloqueadas.
-La moratoria de desahucios para familias vulnerables se veía paralizada. El apoyo al transporte público se ponía en cuestión para más de 20 millones de personas usuarias.
Gutierrez insta a que los grupos parlamentarios cumplan con su palabra y aprueben el nuevo Real Decreto «sin más dilaciones» y que «se continúen los avances sociales, se implementen nuevas políticas de vivienda y se prolongue indefinidamente la bonificación al transporte, y no solo durante seis meses». Asimismo, ha recordado que en Huelva «son 107.000 pensionistas» los que están afectados por la subida de las pensiones.
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