El responsable de Política Institucional de Izquierda Unida en Huelva, David F. Calderón, ha expresado su respaldo a la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el grupo Por Andalucía en el Parlamento andaluz, que se debatirá el próximo jueves y cuyo objetivo es «reforzar» el derecho del alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) a «recibir una educación pública de calidad e inclusiva».
Ante el «aumento exponencial» del alumnado con necesidades especiales, cuya cifra «supera los 5.200» en la provincia de Huelva, desde IU solicitan la contratación de 480 profesores de integración social en este curso para «cubrir el déficit existente».
Del mismo, el responsable de IU ha solicitado que se establezca para próximos cursos una ratio de, «como mínimo, un profesor o profesora de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y lenguaje (AL) por cada 12 alumnos que precise alguna necesidad educativa específica y que no se sobrepase la ratio de 1/8 alumnos con necesidades especiales, sin que dicho profesorado pueda compartir centro educativo».
Calderón ha denunciado la «falta» de recursos destinados a la atención de este alumnado en Andalucía, lo que se traduce en una «vulneración de su derecho a la educación en igualdad de condiciones». Según ha señalado, «la insensible desatención por parte de la Junta de Andalucía está condenando a muchas familias a una situación penosa».
En Andalucía, «mientras que en los últimos años el alumnado con necesidades educativas especiales ha aumentado un 103% en educación infantil y un 35% en educación secundaria, el profesorado especializado en la atención a la diversidad sólo se ha incrementado un 17%», dotación “manifiestamente insuficiente que refleja, por sí misma, el incumplimiento del marco normativo de atención a niñas y niños con necesidades educativas especiales”.
Casos en la provincia de Huelva
Según Calderón, Casos recientes en la provincia de Huelva «evidencian esta problemática». Así, ha explicado que en el CEIP José Nogales de Aracena, las familias «han denunciado el abandono absoluto por parte de la administración educativa”, lo que «impide que el alumnado con necesidades especiales reciba la atención adecuada». Y «a esto se suma la situación de Jorge, un niño con autismo en Nerva, cuyos padres han tenido que retirarle del colegio tras años reclamando sin éxito la habilitación de un aula de educación especial, obligándole la Junta de Andalucía a trasladarse a Ayamonte a más de 100 kilómetros de su localidad natal».
Según IU, el único colegio especializado en la provincia de Huelva para la atención educativa de niños y niñas con necesidades especiales es el Sagrada Familia, situado en Huelva capital, lo que «obliga a muchos menores de la provincia a desplazarse largas distancias, con el inconveniente que entraña para menores que, en numerosas ocasiones, también sufren discapacidades psicomotrices». Por ello, asegura que estas familias llevan «años» demandando la construcción de otro centro especializado en la provincia que «minimice» esta problemática.
“Casos concretos como estos, con nombres y apellidos de los niñas y niñas más vulnerables del sistema educativo, son los que evidencian la actual falta de recursos y la desatención del Gobierno de Moreno Bonilla ante esta sensible situación”, señala Calderón.
La PNL defendida por Por Andalucía subraya la obligación de las administraciones de garantizar los recursos necesarios para que los niños y niñas con necesidades educativas especiales reciban el apoyo adecuado. «No se trata de una cuestión de voluntad, sino de cumplimiento de derechos fundamentales», ha insistido Calderón. En este sentido, ha reclamado al gobierno andaluz que dote a los centros educativos de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar una educación «verdaderamente inclusiva y de calidad».
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