IU y el sindicato CCOO han denunciado la situación de «precariedad» que sufren los trabajadores y trabajadoras de los centros de protección de menores y justicia juvenil en la provincia de Huelva, que «también afecta directamente al servicio que deben recibir las niñas y niños de dichos centros». Así lo han manifestado tras un encuentro mantenido entre el coordinador provincial de IU, Marcos Toti, y responsables sindicales del sector, entre ellos Rocío Lobo, miembro del equipo de acción sindical de Reforma Juvenil y Protección de Menores de CCOO-Andalucía.
Según ha señalado Marcos Toti, la muerte de una cuidadora en un centro de menores en Badajoz ha puesto en evidencia la “problemática estructural” que atraviesa este servicio esencial. “La mayoría de estos centros están en manos de empresas privadas que no ofrecen condiciones óptimas para una atención digna a los menores”, ha declarado. Toti propondrá en el próximo pleno de la Diputación de Huelva una moción para exigir a la Junta de Andalucía que asuma directamente la gestión de estos centros, «garantizando así la calidad del servicio y la dignidad laboral de quienes lo prestan».
Por su parte, Rocío Lobo ha denunciado que «el modelo actual, basado en la externalización, prioriza el beneficio económico por encima del bienestar de los menores” y exige más recursos humanos y materiales. «Queremos profesionales suficientes para poder ofrecer una atención educativa de calidad, como exige la normativa”, ha afirmado. Desde CCOO se reivindica también una mayor dotación presupuestaria «mientras se revierte el modelo de privatización».
Las diferencias entre centros públicos y privados “son notables”, han señalado. En la provincia de Huelva existen 18 centros de acogida gestionados por entidades privadas, además de otros dispositivos para la atención a menores extranjeros no acompañados. Frente a ellos, «solo hay un centro de gestión directa» de la Junta de Andalucía, el ‘Juan Ramón Jiménez’, ubicado en Huelva capital, que «triplica en plantilla a los concertados y cuenta con personal laboral con salarios que prácticamente duplican los del personal de centros privatizados».
Según el educador Sebastián Baluffo, «hay turnos en los que estamos completamente solos, no se cubren vacaciones y trabajamos con recursos escasos. Esta precariedad afecta directamente a los menores, que ya arrastran situaciones muy duras”. Baluffo subraya que lo “óptimo” sería que la Junta asuma directamente estos recursos y «deje de delegar su gestión en empresas privadas».
IU llevará esta reivindicación a la Diputación y a distintos ayuntamientos de la provincia, con el objetivo de que la administración autonómica «garantice unas condiciones dignas tanto para el personal como para los menores, en un servicio que debe ser público, de calidad y libre de intereses mercantilistas”.
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