La Justicia ha confirmado la legalidad y corrección de los aspectos nucleares del Convenio del Campo de la provincia de Huelva, firmado en 2021 por la patronal (Asaja-Huelva) y Comisiones Obreras, y objeto de impugnación por parte de una central sindical. En particular, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respalda «expresamente» las tablas salariales pactadas para los años 2021 a 2025 y ratifica su plena conformidad a Derecho, «dejando fuera de toda duda que respetan el Salario Mínimo Interprofesional en todas las anualidades», según explica la organización agraria.
Asaja subraya que el TSJA da «expresamente» la razón a las partes firmantes en relación con el Artículo 17 (retribuciones), que «fue, precisamente, el eje central del intento de impugnación: se cuestionó la legalidad de los salarios y se denunciaron supuestos incumplimientos del SMI». La sentencia «desmiente de manera rotunda» ese planteamiento y confirma que el convenio se ajusta al marco legal.
“Esta resolución es un aval directo, inequívoco y contundente a la negociación colectiva realizada, y aporta seguridad jurídica tanto a las empresas como a los miles de trabajadores que sostienen el campo onubense”, señalan desde Asaja-Huelva.
Ratificación judicial de artículos esenciales impugnados
La confirmación judicial no se limita a la cuestión salarial. Los Tribunales declaran igualmente ajustados a Derecho otros preceptos especialmente relevantes del convenio, que también fueron objeto de controversia, como el Artículo 23 (ayuda al estudio), cuya proporcionalidad al tiempo trabajado había sido impugnada y que ha sido validado por el TSJA; y el Artículo 11 (suspensión del trabajo por causas meteorológicas u organizativas), ya que la resolución confirma la legalidad del régimen previsto para una realidad estructural del sector, marcada por la climatología y por necesidades productivas variables.
Para Asaja-Huelva, la ratificación de estos preceptos «refuerza el equilibrio alcanzado en la mesa negociadora y acredita que el texto pactado responde a criterios de legalidad, proporcionalidad y adecuación a la realidad productiva del campo».
Un convenio negociado en un contexto complejo para el campo
Asaja-Huelva recuerda que el sector agrario ha tenido que adaptar sus relaciones laborales “con calzador” a la última reforma laboral, una normativa que, según la organización, «no contempló adecuadamente las singularidades del trabajo agroforestal, caracterizado por la temporalidad, la variabilidad productiva y los condicionantes climáticos, entre otras particularidades». Pese a ese contexto, las partes firmantes «trabajaron con un objetivo único: garantizar un acuerdo justo, equilibrado y viable, que aportara estabilidad al sector y seguridad jurídica a empresas y trabajadores en la provincia».
«El mismo objetivo se perseguirá con la constitución de la mesa negociadora del nuevo Convenio Colectivo el próximo 15 de diciembre», señala Asaja-Huelva, que reafirma su compromiso de «seguir trabajando por un convenio moderno, plenamente legal y adaptado a la realidad del campo, desde la responsabilidad y el respeto al marco jurídico vigente».
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