El Ayuntamiento de Cortegana ha iniciado una campaña de actuaciones institucionales y sociales para mostrar su rechazo al traslado de la Capitanía de la Guardia Civil desde Cortegana al municipio de Aracena. La primera medida ha sido la aprobación, por mayoría absoluta y unanimidad política, de una Declaración Institucional contraria a esta decisión.
El acuerdo ha sido respaldado por los tres grupos municipales con representación en el Consistorio -PP, IU y PSOE- y marca el inicio de una estrategia que incluye recogida de firmas en toda la Sierra Occidental, reuniones informativas con municipios del entorno y la posibilidad de movilizaciones públicas si no se producen avances.
La declaración aprobada destaca la histórica vinculación de Cortegana con la Guardia Civil, con más de 150 años de presencia continuada, la instalación de la Comandancia en 1940 y, posteriormente, de la Capitanía. El Ayuntamiento advierte además de que el traslado supondría una «sensación de inseguridad» no solo para Cortegana, sino para «numerosos municipios de la Sierra Occidental, algunos de los cuales carecen de Puesto de la Guardia Civil o incluso de Policía Local».
La alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín Florido, ha señalado que en los últimos días ha recibido el respaldo de alcaldes y alcaldesas de municipios cercanos, que han mostrado su disposición a sumarse a las acciones previstas. Martín ha calificado la decisión de la Guardia Civil de “arbitraria y carente de consenso” y ha añadido que resulta «contradictoria» con los objetivos del reto demográfico y las políticas de apoyo a los pequeños municipios. “No tiene sentido centralizar todos los servicios en Aracena cuando hablamos de una comarca extensa y con necesidades de proximidad”, ha manifestado.
Entre las próximas actuaciones previstas figura el envío de la Declaración Institucional a los ayuntamientos de la comarca para recabar apoyos, el reparto de hojas de firmas entre la ciudadanía y la comunicación formal de la protesta a la Subdelegación del Gobierno en Huelva, al Ministerio de Defensa y a las administraciones competentes. Paralelamente, el Ayuntamiento estudia la puesta en marcha de un calendario de movilizaciones y protestas públicas para visibilizar el rechazo social a la medida.
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