Un detenido por empadronamientos irregulares de inmigrantes en Rosal de la Frontera

Además hay dos personas investigadas por su colaboración en el delito y otras quince por falsedad documental

Un agente de la Guardia Civil ante un ordenador.

La Guardia Civil de Huelva ha detenido en la localidad onubense de Rosal de la Frontera a una persona como presunta autora de un delito de falsedad en documento público y de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, al «aprovecharse presuntamente» de la situación de vulnerabilidad de personas inmigrantes.

La investigación se inició tras tener conocimiento de posibles irregularidades relacionadas con empadronamientos fraudulentos en dicha localidad. Las gestiones practicadas permitieron constatar que el detenido se dedicaba a empadronar «de manera irregular» en su propio domicilio a personas inmigrantes que no residían realmente en el mismo, con la finalidad de «facilitarles el acceso indebido a determinadas ventajas administrativas, tales como la tramitación de permisos de residencia y trabajo», según informa el Instituto Armado.

Durante el desarrollo de la investigación, se llegó a conocer que algunas de las personas empadronadas habrían abonado cantidades comprendidas entre los 300 y los 1.000 euros a cambio de la realización de estos empadronamientos irregulares.

Como resultado de las actuaciones, la Guardia Civil ha procedido asimismo a la investigación de dos personas por su presunta colaboración en el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. De igual modo, 15 personas empadronadas han sido investigadas por un presunto delito de falsedad documental, al constar su inscripción en el padrón municipal sin residir efectivamente en el domicilio declarado.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Aracena, en funciones de guardia.

Esta operación se enmarca entre los objetivos contemplados por la Guardia Civil en su Plan Estratégico, concretamente la lucha integral contra las redes de inmigración irregular y el control de los flujos migratorios irregulares.

El Instituto Armado reafirma su compromiso «inquebrantable» en la protección de los derechos humanos, la vida de las personas y la lucha contra las organizaciones que, «abusando de la vulnerabilidad de las víctimas, se aprovechan para traficar con ellas».

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