
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido que Adif cometió un error al no informar de manera inmediata a la Justicia sobre la retirada de material en torno al accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).
En una intervención este lunes en los Desayunos del Ateneo, en Madrid, el titular de Transportes ha asegurado que este fue el único error de Adif en relación con la controversia generada por esa retirada de elementos de la vía.
“Hay quien pretende decir, con un relato muy sesgado y solo contando lo que dice un breve resumen de la Guardia Civil, que se ha intentado ocultar pruebas. El error fue no comunicar inmediatamente que se realizó ese acopio de material, pero no existe ningún elemento que permita deducir que se han sustraído pruebas al margen de la Justicia”, ha señalado el ministro.
Puente ha detallado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) abandonó el escenario del accidente el 21 de enero, tres días después del siniestro, tras comprobar que no tenía más actuaciones que realizar, y así se lo notificó a Adif, que era quien le facilitaba las pruebas y el material cuando se le requería.
Del mismo modo, la Guardia Civil se marchó el 22 de enero, una vez que comunicó que no quedaban más evidencias que recoger. A partir de ese momento, según ha explicado Puente, Adif decidió retirar el material destinado a ser desechado, situado a más de 100 metros del punto del impacto, en el caso de los elementos más próximos, y a más de 300 metros los más alejados.
“Adif hizo acopio de las pruebas que tanto la Guardia Civil como la CIAF descartaron, ya que tiene la obligación legal de hacer su propio informe. Lo hizo para comparar otras soldaduras no involucradas en el accidente, que fueron documentadas y custodiadas”, ha justificado el ministro.
Respecto al origen del siniestro, el ministro ha pedido prudencia y aguardar a las conclusiones oficiales de la investigación, que por ahora apuntan a un posible defecto en una soldadura. Puente ha planteado la posibilidad de revisar los márgenes de seguridad, ya que se detectaron ciertas anomalías, aunque «muy por debajo» de los umbrales fijados en la normativa que obligan a activar una respuesta.


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