Un trabajador del Centro Penitenciario de Huelva se encuentra de baja laboral por una lesión en una mano tras ser víctima de una agresión provocada por un interno.
La lesión requirió de una primera asistencia en la enfermería del centro y un posterior traslado a un centro médico. El diagnóstico definitivo está pendiente de pruebas a realizar cuando baje la hinchazón provocada por el interno durante la aplicación del aislamiento provisional, en el instante de retirarle la sujeción mediante esposas.
Según ha señalado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), los hechos se han producido «como represalias a la eficacia» de los funcionarios, quienes incautaron al reo, «con una dilatada trayectoria delictiva y numerosos incidentes» con los funcionarios de diferentes centros penitenciarios, «un pincho carcelario, numerosos papelillos de fumar impregnados de sustancias prohibidas, y una cuchilla oculta en la mano y otra en los pantalones».
Los sindicatos exigen medidas urgentes para mejorar la seguridad de los empleados públicos. Entre las reivindicaciones más apremiantes está la aprobación de la consideración de agentes de la autoridad para los funcionarios de prisiones, que se encuentra pendiente de tramitación parlamentaria tras pasar por la comisión de Interior.
Además, demandan la actualización de la relación de puestos de trabajo (RPT), dotar a los trabajadores de suficiente amparo legal para poder llevar a cabo sus funciones con las debidas garantías y medios actualizados, como pistolas táser, para evitar situaciones como la vivida en la cárcel de Huelva.
“La política buenista por parte de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, permitiendo que internos con una dilatada trayectoria de incidentes y agresiones a funcionarios permanezcan clasificados en el régimen de vida ordinario, no funciona”, ha denunciado CSIF, puesto que la agresión a un funcionario en el Centro de Huelva es un incidente «frecuente» que «pone la integridad física de los empleados públicos continuamente en juego».
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