Una nueva agresión a educadores ha tenido lugar en un Centro de Protección de Menores (CPM), en este caso en el ‘Juan Ramón Jiménez’ de Huelva, donde en la madrugada del 4 de junio dos educadores sociales fueron agredidos por parte de un usuario.
Tras los hechos, unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se desplazaron al centro y ambos empleados públicos de la Junta de Andalucía tuvieron que ser asistidos por los servicios de urgencias sanitarias. El usuario, además, provocó múltiples daños materiales durante el altercado.
CSIF Huelva denuncia la «grave situación de inseguridad» en este centro de menores de la capital y exige medidas «urgentes» para proteger a trabajadores y a los propios menores porque algunos agresores «son reincidentes» y las situaciones de violencia, física y/o verbal «son reiteradas».
Los profesionales del centro alertan de que el perfil de algunos menores no se ajusta al modelo de centro residencial básico en régimen abierto, una circunstancia que genera «alta conflictividad» que el personal no puede gestionar en condiciones de seguridad adecuadas. A esta situación se suma la «falta de medios» de protección básicos.
El CPM Juan Ramón Jiménez carece de vigilantes de seguridad al tratarse de un recurso de protección en régimen abierto, ni cuenta con sistemas de alerta como botón ‘antipánico’, señala el sindicato.
El elevado número de bajas entre los trabajadores, asimismo, provoca que en numerosas ocasiones los turnos se cubran con personal insuficiente o incluso en solitario, aumentando considerablemente el riesgo. Por ello, se solicita que el Plan de Prevención de Riesgos Laborales se aplique «de manera efectiva y urgente», adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de los trabajadores.
El sindicato, además, subraya que la actual situación no solo pone en riesgo a los profesionales, sino también a los propios menores, que «deben ser atendidos en un entorno seguro, estructurado y con los recursos adecuados para su correcta atención y desarrollo». De igual modo, defiende que la protección de los menores y la seguridad de los trabajadores son dos objetivos inseparables. «Solo garantizando ambas se puede prestar un servicio público de calidad», ha señalado.
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