El juez Juan Carlos Peinado ha dictado un auto este sábado en el que acuerda abrir juicio oral por corrupción a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y le retira el pasaporte como medida cautelar, según dice, hasta que haya resolución firme. La misma medida adopta para los otros dos acusados en esta causa, la asistente de Moncloa Cristina Álvarez. Ambas tendrán que acudir a firmar dos veces al mes al juzgado como medida de control para evitar el riesgo de fuga.
La investigación del juez ya ha terminado y ha mandado a juicio a los acusados. El auto se produce después de la vista preliminar antes del juicio celebrada el lunes. Todas las partes expresaron sus argumentos; las defensas de los acusados pidieron el archivo del caso, así como la Fiscalía, mientras que las acusaciones mantuvieron sus argumentos en contra de los acusados y solicitaron la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país para Begoña Gómez y su asesora. El tercer acusado es el empresario amigo de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés, para el que no se han aplicado estas medidas cautelares dado que está gravemente enfermo.
Desde Moncloa han denunciado esta medida, porque creen que «se constata la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos». Comparan esta decisión con la que adoptó esta semana el juez de la Audiencia Nacional con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Fiscalía en ese caso pidió la retirada del pasaporte, pero el magistrado no apreció riesgo de fuga atendiendo a la «notoriedad pública» del imputado.
Si no lo evita la Audiencia Provincial de Madrid, que todavía no se ha pronunciado sobre los recursos de los acusados, Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés se sentarán en el banquillo de los acusados ante un jurado popular. La causa gira en torno a los delitos de corrupción entre particulares, malversación de fondos, apropiación indebida y tráfico de influencias.
La resolución del Magistrado tiene 84 páginas. La impone la retirada de «cuantos pasaportes pudieran disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático, con prohibición expresa de expedir uno nuevo».
También impone «la prohibición de salida del territorio nacional, debiendo oficiarse a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares, para que se evite incumplir con esta obligación». Y por último, «la presentación apud acta, en la sede de este órgano judicial, dos días al mes, pudiendo cumplir con dicha obligación un día de las dos primeras semanas de cada mes, y el otro día, de las dos últimas semanas de cada mes».
El auto añade que las medidas cautelares serán efectivas durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa hasta que sea dictada una resolución firme. Una sentencia no es firme hasta que no haya recursos en contra o hasta que la dicte el Tribunal Supremo. Dado el carácter de esta causa, es de esperar que haya recursos en caso de que se celebre juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Esto quiere decir que la medida podría ser efectiva varios años.
Peinado, que había rechazado en ocasiones anteriores restringir los movimientos de la esposa de Pedro Sánchez, da ahora un giro enorme. En su resolución de este sábado, no solo esgrime que aprecia unos “indicios racionales de criminalidad de un hecho delictivo”, sino que, ante las penas de cárcel que prevé el Código Penal para los delitos que les atribuye a ambas, considera que existe el riesgo de que las dos traten “de eludir la acción de la justicia”. El magistrado alega, que los policías que escoltan y supervisan la seguridad de Gómez pueden ayudarlas en su fuga: “No cabe duda de que esos agentes, en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, pueden ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitarla”, afirma.
También se ha pronunciado sobre el tema el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha calificado el auto de “ignominia”.
El magistrado también prohíbe salir del país a la esposa de Pedro Sánchez, la obliga a comparecer dos veces al mes ante el juzgado y argumenta que los policías que la escoltan pueden ayudarla a fugarse
Escribe una respuesta