La Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, Huelva Riega, ha advertido de que la presa de Alcolea “no puede enterrarse a golpe de titular, ni en una rueda de prensa, ni mediante una campaña de insinuaciones”, sino que cualquier intento de cuestionar formalmente su viabilidad debe tramitarse “por la vía legal, ante el órgano ambiental competente y dentro del expediente administrativo”.
La Asociación ha mostrado su preocupación ante lo que considera “un intento cada vez más evidente de reabrir el debate sobre Alcolea por la puerta de atrás”, no mediante una modificación formal de la Declaración de Impacto Ambiental, ni a través de un acto administrativo, sino “desde el titular, la sospecha y la construcción interesada de un clima de duda permanente”.
“Huelva merece respeto. Una infraestructura estratégica no se paraliza con recortes de prensa, declaraciones altisonantes o indicios convertidos en sentencia antes de pasar por el procedimiento administrativo correspondiente”, ha señalado Huelva Riega.
En este sentido, la Asociación ha recordado que la presa de Alcolea cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) vigente. “Si alguien quiere decirle a la provincia que Alcolea ya no es viable, que el agua invalida el proyecto o que el marco ambiental ha quedado superado, tiene la obligación de dar el paso completo: acudir al órgano ambiental, promover la revisión o modificación de la DIA, motivarlo técnicamente, asumir sus consecuencias y defenderlo con luz y taquígrafos”, ha insistido.
La calidad del agua no es un descubrimiento de 2026
Huelva Riega ha subrayado que la calidad del agua del Odiel “no es un descubrimiento de 2026” ni un elemento aparecido de forma repentina en las últimas semanas. Según recuerda la Asociación, esta cuestión “ya fue objeto de análisis expreso en la Declaración de Impacto Ambiental de Alcolea”, donde fue estudiada, valorada e incorporada al expediente.
“No se ocultó, no se ignoró y no se descubrió la semana pasada. La Administración General del Estado conocía esa realidad cuando formuló la DIA y, aun así, estableció el marco ambiental del proyecto, con sus condiciones, medidas de seguimiento, controles y previsiones de explotación”, ha indicado Huelva Riega.
Por ello, Huelva Riega considera que el debate no puede plantearse como si se hubiera revelado ahora una circunstancia desconocida capaz de cambiar por completo el sentido del proyecto. “La pregunta seria que debe hacerse Huelva es otra: si alguien sostiene que hoy existe una realidad distinta e incompatible con el proyecto aprobado, ¿por qué no ha promovido ya la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental por la vía legal?”, ha señalado.
“La DIA no se deroga en una rueda de prensa”
Para Huelva Riega, el núcleo del asunto es “estrictamente jurídico y administrativo”. La presa de Alcolea, sostiene, forma parte de un expediente y de una Declaración de Impacto Ambiental que solo puede revisarse mediante los cauces legalmente establecidos.
“La DIA no se deroga en una rueda de prensa. Se revisa, en su caso, mediante actos administrativos, informes técnicos y resolución del órgano competente. Esa es la diferencia entre actuar dentro del Estado de Derecho y convertir una infraestructura estratégica en una consigna”, ha afirmado la Asociación.
En esta línea, Huelva Riega ha rechazado que se pretenda “matar la presa sin mover un papel”, manteniendo el proyecto en un limbo permanente: “ni se ejecuta, ni se revisa formalmente; ni se aprueba de forma definitiva, ni se tumba de frente; ni se cierra por resolución, pero sí se desgasta mediante insinuaciones”.
La Asociación ha lamentado que Huelva lleve demasiados años pagando el precio de “infraestructuras eternamente pendientes, proyectos que siempre están a un informe de arrancar y decisiones que nunca terminan de adoptarse”.
A juicio de Huelva Riega, abrir ahora un nuevo periodo de incertidumbre sobre Alcolea sin que exista una actuación formal ante el órgano ambiental competente “no es prudencia, sino parálisis”. Y esa parálisis, ha advertido, “la pagan los agricultores, los municipios, la industria y el futuro de la provincia”.
“No se puede gobernar el agua de Huelva con un ‘yo creo’, un ‘parece’ o un ‘se dice’. Si hay nuevos datos, que se incorporen al expediente. Si se entiende que deben revisarse las condiciones de explotación, que se plantee formalmente. Si alguien considera que hay nuevos riesgos o una incompatibilidad ambiental sobrevenida, que lo acredite ante el órgano competente”, ha reclamado.
En concreto, Huelva Riega ha señalado que quienes cuestionan ahora la viabilidad de Alcolea tienen a su alcance todos los mecanismos administrativos para actuar con rigor: “si creen que la calidad del agua obliga a cambiar el proyecto, deben pedir la modificación de la DIA; si creen que hay nuevos riesgos que alteran la evaluación aprobada, deben promover su revisión; si consideran que existe una incompatibilidad ambiental sobrevenida, deben acreditarla; y si sostienen que el proyecto debe replantearse, deben hacerlo “por escrito, con firma, con informes y con responsabilidad”.
“Lo que no puede hacerse es intentar derribar una infraestructura estratégica a base de titulares sin asumir la responsabilidad jurídica de los argumentos que se lanzan a la opinión pública”, ha insistido la Asociación.
Un debate estéril que vuelve a retrasar a Huelva
Huelva Riega ha advertido de que esta situación no responde a una discusión académica inocente, sino a un debate con consecuencias directas para la provincia. “Huelva necesita seguridad hídrica, capacidad de regulación, planificación y certezas. Y Alcolea, guste más o menos, forma parte de ese debate estratégico”, ha defendido.
Para la Asociación, convertir Alcolea en “una batalla permanente de ruido político y confusión pública” es la forma más cómoda de “no decidir nada y de seguir condenando a Huelva a esperar. Esperar mientras otros territorios avanzan. Esperar mientras el agua sigue siendo un factor de incertidumbre. Esperar mientras se posponen inversiones, oportunidades y garantías de futuro”, ha lamentado Huelva Riega.
La Asociación ha insistido en que no se opone al debate técnico ni a la revisión rigurosa de cualquier proyecto si existen datos nuevos que lo justifiquen. “No hay ningún problema en debatir con rigor. Al contrario. Pero el rigor exige procedimiento, documentos, informes, resolución y responsabilidad. Lo demás solo sirve para retrasar otra vez a Huelva”, ha añadido.
“A la ciudadanía hay que hablarle claro”
Huelva Riega ha concluido que la ciudadanía tiene derecho a conocer tres cuestiones esenciales sobre Alcolea:
La primera, que la presa cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental vigente.
La segunda, que la calidad del agua del Odiel ya formaba parte del expediente ambiental y no ha aparecido de la nada en 2026.
Y la tercera, que si alguien quiere modificar ese marco tiene a su alcance el procedimiento legal para hacerlo.
“Quien quiera enterrar Alcolea, que lo haga por escrito y ante el órgano ambiental. Lo que no vale es intentar tumbar una infraestructura estratégica desde el titular, sin expediente, sin resolución y sin asumir las consecuencias ante la provincia de Huelva”, ha concluido la Asociación.
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