La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, ha exigido al Gobierno de España el pago de los cerca de 6.000 millones de euros que adeuda a Andalucía por la infrafinanciación del sistema de dependencia, una deuda acumulada que, en palabras de López, «continúa lastrando la sostenibilidad del sistema».
La responsable andaluza ha realizado estas declaraciones tras la celebración del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), donde el Ministerio Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado el Real Decreto para incrementar la financiación estatal de la dependencia mediante un crédito extraordinario.
En este contexto, la consejera en funciones ha advertido de que esta medida «no resuelve el verdadero problema de la dependencia en España y en Andalucía», ya que «Lo que hoy presenta el Gobierno es un parche coyuntural y no una solución definitiva. Se trata de un crédito extraordinario limitado al ejercicio en curso, cuya continuidad dependerá de futuras leyes de Presupuestos Generales del Estado o de nuevas modificaciones presupuestarias», ha advertido.
En este sentido, la consejera ha recordado que el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, «ha justificado en reiteradas ocasiones durante la legislatura la imposibilidad de incrementar la financiación por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado». «Resulta sorprendente que ahora, en un contexto preelectoral, sí exista margen para aumentar esa financiación. El Gobierno debe explicar esta contradicción», ha afirmado.
Además, la titular andaluza de Inclusión Social ha reclamado que Andalucía reciba exactamente las mismas garantías que la Sra. Montero, siendo Ministra de Hacienda firmó en abril de 2025 con el Pais Vasco.
En este sentido, ha recordado que, se trata de un acuerdo bilateral que recoge expresamente el compromiso de abonar anualmente a las administraciones vascas el 50% del gasto certificado en el sistema de dependencia. Por ello, Andalucía exige que ese mismo compromiso se formalice para esta comunidad, mediante un acuerdo con idénticas garantías jurídicas y económicas.
«Los andaluces no somos más que nadie, pero tampoco somos menos. No vamos a consentir que las personas dependientes de esta tierra sigan siendo tratadas como ciudadanos de segunda por un Gobierno cuyo único interés es permanecer en el sillón de Moncloa», ha subrayado López.
Asimismo, López ha exigido al Gobierno central que antes de anunciar nuevas medidas para sacar rédito electoral, «responda por los compromisos económicos incumplidos durante los últimos años».
«La dependencia no necesita anuncios puntuales ni soluciones provisionales; necesita un modelo de financiación estable, suficiente y sostenible que ofrezca seguridad a las comunidades autónomas y, sobre todo, a las personas dependientes y sus familias», ha concluido.
La Junta reclama una financiación estable y estructural que garantice que la Administración estatal abonará el 50% de la certificada por el Gobierno andaluz, tal y como ha firmado con el País Vasco
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