La Fiscalía de Menores de Huelva está pendiente de recibir el atestado de la Guardia Civil para determinar las medidas que procedan en relación con las menores presuntamente implicadas en la agresión a otra menor en Moguer (Huelva), cuyas imágenes circulan en las redes sociales.
Según ha señalado el Gabinete de Comunicación de la Fiscalía Superior de Andalucía, será necesario conocer el contenido de las diligencias para concretar las edades de las implicadas y determinar si alguna de ellas es inimputable por tener menos de 14 años.
Las menores que aparecen en el vídeo ya han sido identificadas. En las imágenes se observa cómo varias menores humillan y agreden a otra joven en la localidad de Moguer.
Por otro lado, se ha presentado la correspondiente denuncia tanto por la agresión sufrida por la víctima como por la posterior difusión de las imágenes en redes sociales y otros medios digitales. En este sentido, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer cómo se produjo la difusión del vídeo. Las pesquisas también abarcan la publicación no autorizada de imágenes de otras menores que han sido señaladas en internet como presuntas autoras de los hechos.
De igual modo, el Ayuntamiento de Moguer ha abierto un expediente, dentro de sus competencias, sobre la agresión a la menor. En un comunicado publicado en sus redes sociales el Consistorio señala que «ante los gravísimos hechos ocurridos» y «la difusión en redes sociales de un vídeo relacionado con un caso de bullying» expresa su «más firme condena y absoluto rechazo a cualquier forma de violencia, intimidación o acoso, ya sea de carácter físico, verbal o psicológico». Añade que «ninguna conducta que atente contra la dignidad, la integridad o el bienestar de una persona tiene cabida en nuestra sociedad y, especialmente, cuando afecta a menores de edad».
La Guardia Civil ha recordado que está prohibido difundir imágenes o datos personales de menores de edad sin la autorización correspondiente. Esta conducta podría constituir un delito contra la intimidad y dar lugar además a sanciones administrativas por vulnerar la normativa de protección de datos.
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