Un incendio en el departamento de aislamiento del Centro Penitenciario de Huelva se ha saldado con el fallecimiento de un interno, aunque la actuación «coordinada y eficacaz» de los funcionarios que han participado en la evacuación de los internos ha evitado una tragedia mayor, según ha informado el sindicato CSIF.
Los hechos ocurrieron en torno a las 20.30 horas del pasado 12 de agosto. Los trabajadores lograron vaciar la galería y rescatar al interno que se encontraba en la celda donde se originó el fuego. Este interno fue atendido inicialmente por el personal sanitario en la enfermería del centro.
Posteriormente, una unidad de emergencias externa intervino para estabilizarlo y proceder a su traslado hospitalario. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas como consecuencia del incendio, el interno falleció. El resto de los internos no sufrió daños personales.
Varios funcionarios, no obstante, tuvieron que recibir asistencia médica, primero en la enfermería del centro y posteriormente en un centro hospitalario, debido a la inhalación de humo. La organización sindical desea trasladarles sus mejores deseos para una pronta recuperación y reconoce públicamente la labor desempeñada, que permitió «evitar consecuencias aún más graves».
Asimismo, los trabajadores agradecen el apoyo recibido por parte de la Dirección del centro, que permaneció junto a ellos durante una «maratoniana» jornada de trabajo destinada a restablecer el orden y la normalidad en el departamento afectado.
Una plantilla insuficiente
El incidente evidencia que la plantilla de la presión onubense es claramente insuficiente. El Centro Penitenciario de Huelva alberga actualmente a 1.340 internos, una ocupación cercana al 133 por ciento de su capacidad.
Los trabajadores denuncian que la relación de puestos de trabajo (RPT) es deficiente y está desactualizada. Esta carencia de efectivos «es más notoria durante los periodos vacacionales y afecta especialmente a las áreas de vigilancia y asistencia sanitaria». A las reivindicaciones de la actualización urgente de la RPT y la dotación de facultativos y personal sanitario suficiente, se suma la del reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una medida que continúa en tramitación parlamentaria.
Asimismo, reclaman «medios coercitivos» adecuados a la realidad penitenciaria actual, incluidos dispositivos eléctricos de control, como pistolas táser, para afrontar incidentes graves con mayores garantías tanto para los trabajadores como para los internos y «garantizar la seguridad, la atención sanitaria y el correcto funcionamiento de las instalaciones».
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