Puertos del Estado tendrá que decidir, al final, en la ‘guerra de precios’ entre los Puertos de Huelva y Sevilla

El Puerto de Huelva publicó en el BOE del 25 de noviembre la explotación privada de la terminal logística ferroviaria de Majarabique en Sevilla.

La ‘pelota’ de la ‘guerra’ abierta entre los Puertos de Huelva y Sevilla, tras la imposibilidad de encontrar una fórmula por la Junta de Andalucía, que no fuera de “buena disposición” de ambos presidentes nombrados a propuesta de la misma, va a terminar cayendo primero en ADIF y luego en Puertos del Estado, ambos dependientes del Gobierno Central, es decir del Gobierno del PP. Lo que no sabemos, por los silencios mantenidos, es si desde el PP de Huelva se sabe algo de este contencioso, que supera el eterno debate -y razones tienes- del tapón de Sevilla para el desarrollo de Huelva que este jueves inundaba las redes sociales.

Y es que el contencioso creado no depende de ‘voluntades políticas’ sino que entra de lleno en cuestiones de procedimiento administrativo, regulación de la actividad de los Puertos (que es de competencia estatal) y unos principios de legalidad que no se pueden obviar, salvo que se tenga el atrevimiento de cruzarse con los Tribunales ordinarios.

Que la Autoridad Portuaria de Sevilla quiera presentar un recurso ante ADIF por la adjudicación de la parcela de dominio privado en Majarabique (donde se paran los trenes veinte minutos para intercambiar el ancho de vía y entrar en la de alta velocidad tras un trayecto infame, tercermundista y peligroso desde Huelva) en un concurso público al Puerto de Huelva, que además fue el único ente que se presentó, tiene poco recorrido legal porque el de Sevilla, al no concurrir al mismo, carece de legitimidad para cualquier recurso.

¿Qué puede retrasar el proceso, tras al recurso de alzada, recurriendo a la vía contencioso-administrativa y solicitando la suspensión de la adjudicación? Pues sí, es una posibilidad pero para entrar en dicho campo necesitaría unos dictámenes previos de expertos juristas o catedráticos de derecho administrativo para que no puedan terminar ocasionando, por el daño causado, serios perjuicios económicos a la Autoridad Portuaria de Sevilla, máxime cuando ella misma ha argumentado en esos días que no acudió porque ya cuenta con una dársena ferroviaria en el Batán (en su terrenos de dominio público portuario) para ofrecer dichos servicios logísticos. Algo de lo carece de Huelva por no existir un trazado nuevo de alta velocidad desde Huelva cuando hace 24 años que se hizo hasta Sevilla el AVE y estamos a menos de 60 kilómetros en línea recta para dicha conexión.

Para colmo también sale a la luz  estos días que para este trazado había partida en el Presupuesto del Estado del 2016 de hasta 70 millones de euros y no se han gastado, lo que es para tirarse de los pelos y un motivo más del ‘cabreo’ creciente en Huelva dado el total abandono de las Administraciones Públicas (de todos los colores) en cuanto a inversión en obra pública.

CENTRO REAL DEL CONTENCIOSO ENTRE LOS PUERTOS

En Sevilla saltan las ‘alarmas’ y declaraciones impropias de un representante público, como las pronunciadas tan provocadora como que “los de Huelva no van a venir aquí…”, además del alcalde socialista de la ciudad, Juan Espadas, cuando el Puerto de Huelva convoca el 25 de noviembre del 2016 en el BOE el concurso para la explotación de la terminal logística ferroviaria de Majarabique y en los pliegos se contiene la posibilidad de que el adjudicatario pueda ofertar “precios privados” y “descuentos especiales”, lo que para el Puerto de Sevilla sería una fuerte competencia dado que en los terrenos portuarios de dominio público hay fijadas unas tasas por parte de Puertos de Estado que no permiten una interpretación discrecional ni acudir al mercado para entrar en una ‘guerra de precios’. Lo que sí podría hacer, y más si es una empresa privada, el adjudicatario del concurso convocado por el Puerto de Huelva que tiene fecha de cierre de ofertas este próximo lunes y de apertura de los sobres en días posteriores. Todo muy rápido.

La discusión, por tanto, no está centrada tanto en si el Puerto de Huelva puede contar con los terrenos de Majarabique, que mientras ADIF no diga lo contrario (y también de manera muy razonada ante el recurso de Sevilla) es un paso que tiene todas las bendiciones legales. El pulso, en el que la Junta de Andalucía no puede mediar porque carece de competencia para ellos, es si la explotación del centro logístico adjudicado a Huelva se puede privatizar y si en los mismos se pueden ofertar precios por debajo de lo que ellos aplican. El Puerto de Huelva está convencido de que sí puede y el concurso convocado para ello ha pasado por el Consejo de Administración donde están sentados, entre otros, representantes de la Administración Central del Estado, entre ellos el Abogado de Estado. En favor de sus tesis, desde Huelva se consideran que los terrenos adjudicados por ADIF no son de dominio público sino privado. Lo cual será, sin duda, el eje del contencioso legal. Como si el Puerto de Hueva puede ceder su explotación fuera de las tasas portuarias a un operador privado.

Las mediaciones que se han buscado estos días -y en la que se han echado en falta las opiniones del Ayuntamiento de Huelva, que tiene puesto en el Consejo de Administración del Puerto, y la Diputación- es que, dado que en Sevilla no se puede dragar el río para ganar calado y que no entrarán nunca buques de mayor envergadura, se pudiera establecer unas reglas de reparto equitativo para operar desde ambos Puertos en la red ferroviaria. Algo imposible de conseguir porque el mercado, y más cuando entra en el mismo por el concurso convocado un operador privado, no se puede repartir como una tarta de cumpleaños.

La Autoridad Portuaria de Huelva, en “buena lid” y hasta tanto se resuelva el recurso de Sevilla a ADIF, parece que se ha comprometido a suspender el concurso, algo en lo que también habrá que encontrar el adecuado marco legal cuando el mismo estaba en sus días finales y a los licitadores se le solicitaba una fianza mínima de más de 30.000 euros. Y tendría que publicarse en el BOE a toda prisa y en base a una motivación razonada. Porque las Administraciones se rigen por normas de procedimiento de derecho administrativo, y más en concursos, porque  esto no se rige como si fuera una subasta privada y a mano alzada. Además de los dos Puertos ya existen, desde el día 25 de noviembre en que fue convocado el concurso, otros actores y también la opinión de los miembros del Consejo de Administración, además de la representación sindical de Huelva que ya dicho “cuidado lo qué vais a hacer” antes de la reunión de mediación de la Junta de Andalucía.

Si quitáramos los clásicos árboles del ‘tapón de Sevilla’, el bosque lo que permite ver es una auténtica ‘guerra de precios’ por el mercado en el que el arbitro, salvo que se quiere dejar en manos de los Tribunales, será Puertos del Estado y dos ministros, uno por Sevilla y otro por Huelva, en el Consejo de Ministros del Gobierno del PP. ¡Menudo salto ha pegado la pelotita ahora…!

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