La ratificación del tratado, que fue aprobado por los países miembros de la FAO en 2009, exige a los Estados a compartir información, designar los puertos que las embarcaciones extranjeras pueden utilizar y bloquear la entrada a aquellas que estén o se crea que están involucradas en la pesca ilegal.

También países como Chile, Costa Rica Uruguay, Estados Unidos, Cuba, Indonesia, Islandia, Nueva Zelanda o Somalia se han sumado a la ratificación de ese tratado internacional, un nuevo instrumento jurídico que recoge las medidas tomadas para detectar la pesca ilegal cuando los barcos llegan a puerto y promueve la colaboración entre pescadores, autoridades portuarias, guardacostas y fuerzas navales para reforzar los controles en puertos y embarcaciones.

Asimismo, el acuerdo permite a los países evitar que los barcos desembarquen las capturas obtenidas mediante pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, con independencia del pabellón que enarbolen.

Se calcula que este tipo de actividad ilícita, que impacta en la biodiversidad y la seguridad alimentaria, representa hasta 26 millones de toneladas anuales por valor de unos 23.000 millones de dólares (20.200 millones de euros).