La sección primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha admitido que la Junta de Andalucía se persone en calidad de perjudicada en la causa que investiga el supuesto fraude en los cursos de formación otorgados por el Gobierno andaluz. Según dice el auto judicial, la sala ha acordado estimar el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía y la adhesión al mismo por el Ministerio Fiscal contra el auto del 17 de mayo del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, encargado de esta investigación, y que desestimaba a su vez el recurso de reforma contra el auto del 22 de marzo. Por ello, revoca ambas resoluciones de manera que la personación de la Junta debe admitirse en calidad de perjudicado.
La sección primera ha procedido a admitir que se persone la Junta de Andalucía para que pueda ejercitar las acciones para recobrar los fondos que hayan sido defraudados por los beneficiarios de las subvenciones, ya que es la Junta quien deberá ser «resarcida de los daños sufridos».
Según se dice, «al ser titular de los fondos empleados en los cursos de formación, dada la inexistencia -en principio- de daño económico más allá del que pueda derivar de la actuación delictiva de los investigados en la causa respecto a la Hacienda Pública Andaluza», y se insiste en que «si se revierte algo de lo defraudado a las arcas públicas lo será en beneficio de toda la ciudadanía».
En el auto recurrido en reforma se argumentaba que al existir indicios de infracción penal en la actuación de funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, la personación de la Junta debía serlo «en calidad de responsable civil subsidiario».
La Audiencia remarca también que «no puede admitirse la postura del auto recurrido de que los perjudicados serían los ciudadanos, ya que ello supondría conceder una acción directa a cada ciudadano, lo cual permitiría que intervinieran todos aquellos que entendieran que son perjudicados, ni tampoco lo serían las personas destinatarias de los cursos de formación, al no haber sufrido éstas ningún perjuicio patrimonial».
Sin embargo, la letrada de la Junta en el citado recurso alegó «la inexistencia de tercero perjudicado y de daño económico más allá del que pueda derivar de la actuación delictiva de los investigados en la causa respecto de la Hacienda Pública Andaluza», así como que «las subvenciones no fueron confinciadas por la Unión Europea sino que fueron concedidas en base a recursos del patrimonio propio de la Junta», por lo que «no concurre en esta causa otro perjudicado más que la propia Junta».
El juez instructor consideraba en su auto que los fondos propios de la Junta «no debe entenderse como bien particular de la Junta que pueda hacer con ellos lo que quiera, sino que dichos fondos se han recibido por las aportaciones vía impuestos de los ciudadanos, siendo la Junta la encargada de gestionarlos» y se hace referencia al auto dictado por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en el ‘Caso Noos’ en relación a la expresión ‘Hacienda somos todos’.
En este auto, el juez indicó que la responsabilidad civil subsidiaria debería consistir en una obligación de hacer consistente en reservar una partida presupuestaria de fondos propios igual al importe que se acredite como quebranto producido y se destine a una nueva actividad de formación, sin embargo finalmente la Audiencia ha estimado el recurso.
Sobre este particular, el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Huelva, Manuel Ceada, ha comentado que «el respeto» de la Administración andaluza a cualquier decisión judicial y que, en este caso, pone de manfiesto que la Junta pueda personarse como perjudicada en la causa «y revoca la que la consideraba como responsable civil subsidiario». Por ello, ha confiado en que «la Junta de Andalucía pueda seguir trabajando para recuperar cualquier ayuda que no se haya empleado correctamente».
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