El alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, ha indicado hoy que el Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha actuado con la «máxima transparencia» y con “total colaboración con la Justicia” en el marco de la operación Termyca, después de que ayer el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) solicitara al Ayuntamiento documentación relativa a la contratación de la consultora Efial y otras empresas del grupo, dentro de una operación que se está desarrollando en 23 ayuntamientos de toda España. El requerimiento judicial al Ayuntamiento se circunscribe únicamente a pedir información sobre la empresa Colaboración Tributaria Andaluza (CTA), cuya documentación ya ha sido entregada por el Consistorio.
En rueda de prensa en la sede del PP, Romero ha explicado que, en primer lugar, en 2013 se hizo un contrato menor con el grupo CGI, por valor de 18.000 euros, y posteriormente se hizo otro por cuatro años, en vigor desde 2015 y a través de un procedimiento público y abierto con la empresa Colaboración Tributaria Andaluza (CTA), del grupo CGI, el cual seguirá vigente hasta 2018, tal y como se firmó, ya que «la empresa ha realizado un buen trabajo, llegando a recaudar hasta 22 millones de euros para las arcas municipales».
Romero ha subrayado que esta empresa se dedica a la inspección de tributos de las empresas del Polo Químico, en el término municipal de la localidad, tras rescatar el servicio que ostentaba la Diputación de Huelva a través del Servicio de Gestión Tributaria y que fue contratada por el Ayuntamiento, con «un procedimiento totalmente transparente y aprobado por todos los grupos con representación en el Pleno».
Descontento con el Servicio de Gestión Tributaria
Romero ha indicado que esta licitación se llevó a cabo porque el Ayuntamiento «no estaba satisfecho con la labor que hacía al respecto el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación, que no recaudó prácticamente nada».
Romero, al mismo tiempo, ha dejado claro que el Ayuntamiento ha mostrado en todo momento «la máxima colaboración» ante el requerimiento del juzgado una vez que se le ha requerido la documentación. Asimismo, ha recalcado que, aunque el juez pidió información sobre un periodo concreto del año 2015, «también tiene a su disposición el contrato desde mediados de 2013 a 2014 que el Ayuntamiento hizo con la empresa CGI por un año».
Por último, Romero ha insistido en que su deseo es que «esto se aclare cuanto antes porque somos los primeros en querer erradicar todo tipo de corrupción», a lo que ha añadido que «quien no cumpla la ley, que apechugue».
El PSOE exige expedientes
Por otra parte, el PSOE de Palos ha registrado hoy un escrito en el Consistorio para exigir al alcalde los expedientes de contratación con la empresa CTA para trabajo de gestión tributaria desde el año 2012, al rescindir el acuerdo con el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación de Huelva. Esta actuación se realiza tras conocerse la investigación de una red de corrupción «que apunta al Ayuntamiento de Palos como uno de los municipios a investigar, donde la Guardia Civil intervino ayer toda la documentación relacionada con la empresa», explican los socialistas.
En el escrito presentado por el PSOE, se pide información sobre las recaudaciones efectuadas por la citada empresa en los años que lleva realizando un servicio al Ayuntamiento palermo. Del mismo modo, la portavoz socialista y secretaria general del PSOE de Palos, Pastora López, ha reclamado conocer la facturación de la empresa, con fecha y concepto desde el primer día que empezó a trabajarle al Consistorio, a requerimiento del alcalde del PP. Para López, “lo más importante en este momento es conocer si todo el procedimiento es lícito. Al mismo tiempo, pedimos trasparecía en la gestión de la administración local”. En su opinión, la “supuesta ilegalidad en los contratos pueda dañar la imagen turística de nuestro municipio, ya que en este momento hay abierto un proceso de investigación que se encuentra en manos de un juez y la imagen de un Ayuntamiento registrado por la Guardia Civil no es lo ideal”.
Por otra parte, la portavoz socialista ha puesto de manifiesto su “descontento e inquietud” por las razones que le llevó al alcalde, Carmelo Romero, a rescindir el contrato con el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación «para dárselo a una empresa de fuera».
Por otro lado,
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