El Sindicato Andaluz de Trabajadores de la Salud y Enfermería (SATSE) ha tenido acceso a un informe interno del Complejo Hospitalario de Huelva en el que el Hospital reconoce que no se cumplen los plazos de garantías de dos meses (60 días) para ser atendido en consulta de especialista. Algo que cualquier usuario de la Sanidad andaluza sabia y que podíamos demostrar con las citas, si bien en la Junta de Andalucía se hacía caso omiso de las quejas de los usuarios y desmentían el tema una y otra vez. Los propios facultativos de Atención Primaria se lo hacían saber a los pacientes en las consultas e incluso les instaban a hacerse las pruebas pertinentes por vía privada (en el caso de radiología) o a consultar especialistas de la medicina privada si podían costeárselo porque la demora en algunas especialidades como Reumatología rondaban los dos años.
A pesar de que el asunto era vox populi y de que la denuncia se había hecho pública en numerosas ocasiones, tanto en los medios de comunicación de la provincia, como en Redes Sociales, en la Junta de Andalucía seguían negándolo, y para no dejar constancia de esas demoras, suprimían las especialidades de la lista de demora de su página web, no existían, ni existen, cualquiera puede consultar la web del SAS en Huelva y comprobarlo.
En esta ocasión, está por escrito y ya la cosa cambia, o al menos eso esperamos los ciudadanos. Si el hospital admite la saturación de todas las consultas de especialistas, habrá que hacer algo, dejar la política del avestruz y ponerse manos a la obra, aparte de indemnizar a quien lleva esperando más del tiempo que ellos consideran prudente (60 días).
El PP
Por todo ello, el Partido Popular de Huelva pedirá responsabilidades a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía por “mentir” a los onubenses con las cifras oficiales de la sanidad onubense, un sanidad “colapsada” y en “estado de shock” como ha afirmado hoy viernes, día 8 de julio, el parlamentario del PP, Guillermo García Longoria. En rueda de prensa, el popular ha señalado que “os datos oficiales mienten y la Junta está engañando a los onubenses en materia sanitaria”.
Como ha indicado, “hemos conocido un documento interno del complejo hospitalario de Huelva que va en contra del decreto de garantías”. En este sentido, ha añadido que “siempre se ha dicho que la realidad nada tenía que ver con la versión oficial de la Junta y este informe lo demuestra, reafirmando aquello que sindicatos, profesionales, y el PP llevamos diciendo durante años”. Por tanto, “se acredita que nuestra sanidad está bloqueada y que las víctimas de este estado de shock son los pacientes y los profesionales”.
Para García Longoria, “es muy grave” que “la Junta mienta con las cifras oficiales a sabiendas de que los datos que ofrecía sobre listas de espera no eran reales” y que el sistema sanitario esté saturado y bloqueado”, por lo que queda patente que “hay una evidente mala gestión que debe tener responsabilidades”.
Asimismo, ha subrayado ya sabíamos “que Huelva es la provincia andaluza con más carencias sanitarias, con menos centros de salud; con menos hospitales; con menos camas hospitalarias; y con menos profesionales sanitarios”.
Además, ha precisado García Longoria, “en 4 años, según el Boletín Estadístico de las administraciones públicas, se han eliminado 345 puestos de profesionales sanitarios e incluso algunas organizaciones sindicales hablan de más de 600”. Por tanto, “ni hay infraestructuras, ni hay profesionales, lo que sí hay es colapso, falta de atención sanitaria y falta de inversión”.
También ha puesto de manifiesto el popular la realidad de las listas de espera en la provincia. “Demoras de 14 meses para la consulta de Reumatología, de 18 meses en el caso de Alergología, de 14 meses en Cirugía Vascular, de 8 meses en Traumatología, de 7 meses en Digestivo o de 6 en Dermatología”.
En el caso de Nefrología, ha añadido, “se reconoce una tardanza en recibir al paciente de un año”. En el caso de de Cirugía Vascular, la situación es aún más especial ya que la falta de médicos hace que la consulta esté cerrada”. Y en el caso de Cardiología, si los pacientes no reclaman su cita no les va a citar.
Por lo que respecta a la especialidad Maxilofacial, García Longoria ha afirmado que la demora “es de 15 meses” mientras que en Digestivo, «las citas de revisión van muy demoradas” y, según el informe, “solo se puede intentar adelantar a aquellos pacientes que cuenten síntomas que puedan hacer pensar en patologías graves«, con lo que una vez más nos encontramos, ha precisado el popular, “con la duda de si una valoración sanitaria se pone en manos de un administrativo”. Además, «cuando los pacientes ya han sido vistos por primera vez y van a reclamar porque están pendientes de intervención, hay que informar de que la demora es de 18 meses».
Subrayan que hay especialidades en las que se tarda más de un año en citar a los pacientes
«Hay bastantes reclamaciones en las pruebas radiológicas»
El documento Protocolo de Atención a la Ciudadanía JRJ, al que ha tenido acceso el Sindicato de Enfermería Satse, está dirigido a los empleados del Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) que se encuentran en primera línea a la hora de atender las reclamaciones de los usuarios. En él se reconocen demoras de 14 meses para la consulta de Reumatología (los usuarios aseguran que bastante más), 18 en el caso de Alergología, 14 en Cirugía Vascular, 8 en Traumatología, 7 en Digestivo o 6 en Dermatología.
Tanto el presidente del Satse de Huelva, Antonio Botello, como el PP en Huelva, piden responsabilidades a todos los que tienen en sus manos la organización del centro hospitalario.
El documento que señala las cifras arriba expuestas, fue colgado en la intranet del CHUH el pasado 28 de junio. El objetivo era que el personal que atiende al usuario pudiera dar respuesta a las incidencias sin tener que derivar al usuario a otra persona. Y así lo reconocía sin más el documento, que ahora deja claramente en evidencia que el Decreto de Garantías se incumple de manera sistemáticay deja constancia de que las demoras en la mayoría de las especialidades se han disparado.
Así, no pueden dar citas de manera discriminada, entonces, simplemente las irán alargando.¿ Cómo? es la pregunta que todos nos hacemos: las negarán, se perderán, o darán excusas varias para alargar la cosa. «Situación que por otro lado ya se viene dando cuando un paciente de Atención Primaria insiste en que le vea un especialista de esos de la ahora llamada lista negra», nos cuenta un usuario en la consulta del Centro de Salud al que hemos acudido a pedir opinión.
Por otra parte, según se sugiere en el documento o guía para los empleados del SAC, se insiste en que no se agilicen las citas de forma indiscriminada. Es un punto de especial interés, ya que ese ir y venir de soluciones administrativas sugiere que se pone en manos de un administrativo una decisión de carácter sanitario. Es el administrativo el que decide sobre la urgencia de nuestra salud.
Las primeras citas solicitadas desde los Centros de Salud se identifican como PAP (Primera Atención Primaria). Estas son las que están sujetas al ya mencionado Decreto de Garantías. Como les decíamos, el decreto no incluye tres especialidades: Reumatología (14 meses de demora), Alergología (18 meses) y Cirugía Vascular (14 meses) solo para varices. Esta última consulta tiene una peculiaridad y es que se encuentra cerrada porque la médico está de baja maternal. Simplemente se obvian las especialidades en el cuadro de transparencia o demoras de especialidades. No existen, sin más explicación.
Tras reconocer que el Decreto de Garantías no se «está cumpliendo en ninguna especialidad», es especialmente significativo, no obstante, que «si el paciente invoca su derecho al decreto de forma específica, se hace la reclamación a través del ordenador concretándolo en Observaciones».
En Patología Arterial son otros 18 meses de espera.
Amnistía
Cardiología presenta una de las características más asombrosas, ya que según el documento al que ha tenido acceso el SASTE, los pacientes que eran tratados en el Infanta Elena antes de la unificación del servicio con el Juan Ramón Jiménez, «se les hizo una amnistía». Con esto, el Complejo Hospitalario de Huelva quiere decir que «no se les va a citar a no ser que vengan a reclamar la cita«. En esta amnistía también quedan incluidos los «pacientes que tenían fecha de revisión superior a los seis meses». Tampoco se les citará si no reclaman. O sea, que serán ignorados y ninguneados si son pacientes y esperan… Sólo el que reclame será atendido.
En la Unidad de Columna, tres cuartos de lo mismo, grandes demoras. «Si viene algún caso que consideremos que debe tener una atención especial, se forzará cita en Traumatología o se derivará al neurocirujano», así se lo quita de en medio en SAS.
Y en Digestivo se afirma que las citas de revisión van muy demoradas. «Sólo podemos intentar adelantar a aquellos pacientes que cuenten síntomas que puedan hacer pensar en patologías graves«, con lo que una vez más nos encontramos con la duda de si una valoración sanitaria se pone en manos de un administrativo y si esa patología que ahora no es grave llegará a serlo por la espera.
Estas afirmaciones se han hecho después de que el PP de Huelva haya anunciado que pedirá responsabilidades a la Consejería de Salud por «mentir» a los onubenses con las cifras oficiales de la sanidad onubense, un sanidad «colapsada» y en «estado de shock», según ha afirmado en rueda de prensa el parlamentario popular por Huelva, Guillermo García Longoria.
La Delegación ha señalado que «la medida más grave ha sido la eliminación de la universalidad del propio sistema a través del Real Decreto 16/2012, así como la implantación del copago farmacéutico para pensionistas o la reducción de la financiación y de la cartera de prestaciones y derechos ciudadanos» y aseguran que es «lamentable que en su enésimo intento de desprestigiar a la sanidad pública, el PP de Huelva tome como referencia «un supuesto documento del Hospital Juan Ramón Jiménez que ni es oficial ni, lo más importante, para nada refleja la situación real de las listas de espera del centro», un área, prosiguen, en el que en los últimos años «se viene trabajando precisamente por mejorar la capacidad de respuesta a la población».
Inisisten en decir que Andalucía es una comunidad «pionera» en el conjunto del Estado en la implementación de medidas con el objetivo no solo de acortar los plazos de demora, sino de fomentar la transparencia y el acceso de la ciudadanía a la información de su estado en la lista de espera, «siendo actualmente la más garantista del país en ambos apartados». En esta línea, indican que la ciudadanía onubense y del resto de Andalucía se beneficia de decretos que garantizan tiempos máximos de espera para la primera consulta de especialista, fijado en 60 días; intervenciones quirúrgicas –120 días para las operaciones más frecuentes y 180 días para un conjunto más amplio de 700 procedimientos– y pruebas diagnósticas (30 días).
En cuanto a la transparencia, argumentan que» todos los datos del registro de demanda quirúrgica y los relativos a consultas de especialista y pruebas diagnósticas, están disponibles en la página web del SAS para que la población conozca la situación de cada centro sanitario y provincia».
Recalcan que los andaluces pueden consultar su situación concreta en la lista de espera quirúrgica a través de la oficina virtual InterSAS y el servicio telefónico Salud Responde y proporciona el 902 505 060 (un teléfono que no es gratuito a pesar de que la Junta está obligada a dar el que si lo es).
Por otro lado, y sobre la carencia en infraestructuras sanitarias a la que hace referencia el PP, recordar también que solo en los últimos tres meses la Junta ha puesto en marcha en la provincia dos nuevos centros de salud –en Escacena y Cumbres Mayores– que han requerido una inversión de 2,8 millones de euros, «lo que ratifica el compromiso del Gobierno andaluz con la mejora de los recursos para la ciudadanía». El esfuerzo inversor en nuevas construcciones y equipamientos se eleva a más de 33 millones de euros en cuatro años, según el SAS, «a los que hay que añadir los 21,7 millones del Hospital de Alta Resolución de la Costa, en Lepe, cuyas obras ya se encuentran recepcionadas desde el pasado mes de junio», sostienen.
La Delegación rechaza igualmente que el PP haga mención a la pérdida de puestos de trabajo en la sanidad pública, cuando el sistema sanitario público es la mayor empresa tanto de Huelva como del resto de Andalucía –alrededor de 6.000 profesionales en el caso de nuestra provincia y 95.000 en el global andaluz–, siendo la que más empleo sanitario genera a nivel nacional.
Cifras que según proclaman «se han alcanzado a pesar de las continuas restricciones impuestas por el Gobierno central».
Finalmente, en la Delegación aseguran que se acaban de completar las pruebas selectivas para la Oferta de Empleo Público (OPE) de los años 2013, 2014 y 2015, donde el SAS ha convocado 3.282 plazas, y ya está aprobada la oferta para 2016, con otras 3.391. La intención es realizar convocatorias públicas de empleo todos los años a partir de ahora, poniéndose de manifiesto la apuesta de la administración sanitaria por estabilizar sus plantillas y defender el mantenimiento del empleo en este ámbito.
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