La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, ha anunciado que el Gobierno andaluz está trabajando en las posibles consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y en concreto, ha adelantado que su Consejería ha elaborado un documento de análisis centrado en el impacto que tendría esta situación en el sector agroalimentario y que actualmente se está contrastando con expertos. Esta actuación se suma a las jornadas celebradas el pasado lunes, 25 de julio, sobre las consecuencias que tendría el Brexit en este sector.
La consejera ha explicado que hay dos cuestiones principales que centran la atención de las posibles consecuencias del Brexit. Por un lado, las relaciones comerciales, ya que Reino Unido es el cuarto mayor cliente de alimentos y bebidas de Andalucía, con unas ventas que en 2015 superaron los 870 millones de euros, el 10% de las exportaciones del sector. Y por otro lado, la posible afección a la Política Agrícola Común (PAC), a la que el Reino Unido es actualmente contribuyente neto. Además, Ortiz ha insistido en la necesidad de revisar los acuerdos que tiene Europa con terceros países, porque el Brexit supondrá la salida de más de 64 millones de consumidores de la Unión Europea.
Incertidumbre
La consejera ha insistido en que la Junta está ya trabajando a fondo en «hacer un seguimiento de la situación ante las incertidumbres que genera un proceso desconocido en la historia de la Unión Europea». Por ello, ha constituido un grupo de trabajo para hacer este seguimiento, coordinado por la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía e integrado por las consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; de Economía y Conocimiento; de Empleo, Empresa y Comercio; y de Turismo y Deporte. Ortiz ha asegurado que el Gobierno andaluz «se empleará a fondo» por defender los intereses de Andalucía en las instituciones europeas para minimizar el impacto del llamado Brexit y que trabajará coordinadamente con el Gobierno de España.
Sin embargo, ha lamentado que frente a estas iniciativas de la Junta, el Gobierno central, que tiene «la primera responsabilidad» en asuntos que atañen a la representación ante la Unión Europea, mantenga «cierta pasividad» y ha añadido que «debería ponerse a funcionar en vez de estar en funciones», porque, ha insistido, «es momento de analizar la situación».
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