Opinión



Moguer solicita la descatalogación de 654 hectáreas para consolidar su uso agrícola

También se aprobó el período de pago de las facturas a proveedores municipales

Moguer descatalogará 654 hectáreas para uso agrícola

El Pleno del Ayuntamiento de Moguer aprobó el viernes en pleno el inicio del proceso para la descatalogación de más de 654 hectáreas de terreno que actualmente tienen la consideración de monte público, pero que se encuentran transformadas en suelo de uso agrícola desde hace años y por tanto carecen de la consideración de monte público.

Con la unanimidad de todos los partidos el pleno aprobó la exclusión del catálogo de montes de utilidad pública así como la desafectación del dominio público forestal de numerosas parcelas de propiedad municipal que desde hace años se destinan a uso agrícola. Se trata de terrenos que se encuentran transformados en regadíos, parcelados y que cuentan con las correspondientes infraestructuras hidráulicas, energéticas y empresariales, y que carecen de superficies de vegetación que puedan considerarse como monte, o de valores ecológicos o paisajísticos.

La superficie total que se incluye en el expediente de exclusión del catálogo de montes de utilidad pública aprobado ayer por el Pleno, afecta a 654,44 hectáreas de terreno ubicadas en parajes como Alcalares, Arroyo Gil, La Grulla, el Tresmadal o las Malvinas, entre otros muchos emplazamientos del término de Moguer.

Por otro lado el pleno aprobó una modificación de crédito que va a hacer posible entre otras cuestiones, continuar desarrollando el ambicioso proyecto de remodelación y embellecimiento que se diseña para la plaza de la Coronación. En este sentido el alcalde comentó que “nos hemos encontrado con que este espacio público aún no está inscrito a nombre del Ayuntamiento en el catastro y registro de la propiedad, por lo que lo primero es regularizar su situación, para poder ejecutar luego la completa actuación que pretendemos realizar, una actuación que hemos de acometer en total consonancia con las infraestructuras de servicio y redes de suministro que ya existen en la zona por lo que también se destinan algunos recursos municipales a estos estudios técnicos previos a la redacción definitiva de un proyecto, que podría salir a concurso público a principios del año próximo”.

Otra de las cuestiones aprobadas por el consistorio fue el período de pago de las facturas a los proveedores municipales y el informe de morosidad correspondiente al primer trimestre del año, que se sitúa en torno a los 60 días de media para el abono, lo que según el primer mandatario local, “nos permite seguir en la buena línea de eficiencia económica que nos está facilitando acortar los tiempos de pago a las empresas que nos suministran, que hace solo unos años debían esperar entre 160 y 400 días para cobrar del Ayuntamiento”.

 

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