Después de más de siete días de negociación, y tras cerrar en la madrugada de este domingo, día 28 de agosto, los últimos flecos pendientes con un diálogo personal, Albert Rivera y Mariano Rajoy, los portavoces en el Congreso de los Diputados del PP y Ciudadanos rubricaron el documento del pacto para que se sumen los votos de uno y otro partido en las sesiones de investidura de esta semana que entra. El documento, del que vamos a ir ofreciendo su contenido en la totalidad, pero separando los distintos epígrafes, se ha denominado «150 Compromisos para Mejorar España». Tras la reunión mantenida, tras la firma, por los dos equipos negociadores con los dirigentes del PP y Ciudadanos en la misma mesa del Congreso de los Diputados donde se han mantenido las sesiones de trabajo de estos siete días, la oficina del Portavoz del Gobierno en Moncloa ha informado que este lunes Mariano Rajoy y Pedro Sánchez mantendrá una reunión en sede parlamentaria. Con los votos de PP y Ciudadanos sólo no puede salir adelante la investidura ni en la primera ni en la segunda votación.
Publica,os íntegro el contenido del Bloque 1 del documento firmado que está dedicado al Crecimiento Económico, Competitividad y Empleo. Y los dos partidos adquieren los siguientes compromisos:
A. Cumplimiento de la senda de estabilidad presupuestaria
Consideramos fundamental mantener un firme compromiso con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.
1. Para ello es necesaria la aprobación de forma estricta de todas las acciones incluidas en la última Recomendación emitida por la Comisión Europea antes del día 15 de octubre. En particular, dichas acciones al menos se concretarían en:
-La remisión a las Cortes para su aprobación del acuerdo del Consejo de Ministros que fija los objetivos de estabilidad presupuestaria, los objetivos de deuda pública del conjunto de las administraciones y el límite de gasto no financiero del Estado, como paso necesario para la elaboración del proyecto de presupuesto de 2017.
-La remisión a Cortes del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 dentro de las fechas previstas en la Constitución (antes del 30 de septiembre).
– La elaboración y su remisión a la Comisión Europea antes del día 15 de octubre del Plan Presupuestario, en los términos establecidos en la Recomendación.
– La revisión del régimen de los pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades, como se anticipó en la última actualización del Programa de Estabilidad, con vistas a corregir la desviación temporal observada en la recaudación por el citado impuesto.
-El refuerzo de los mecanismos de prevención y corrección de desvíos de déficit, deuda y gasto contenidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de los mecanismos de financiación a las CC.AA. (Fondo de Liquidez Autonómica). En particular, deben reforzarse los mecanismos de supervisión de los Planes Económico Financieros, Planes de Ajuste, Periodos Medios de Pago y condicionalidad reforzada vinculada al FLA.
-Concretar la regla de gasto prevista en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con vistas a asegurar una contribución efectiva de la misma a los objetivos de sostenibilidad financiera.
– Precisar las modificaciones en el marco de la contratación pública necesarias para reforzar su competencia y transparencia, enmarcadas en el proceso de trasposición de las Directivas europeas en esta materia (Directiva 2014/24) y como continuidad de las acciones ya adoptadas.
B. Competitividad y crecimiento de calidad.
a. Unas finanzas públicas responsables y un sistema fiscal que beneficie a los que cumplen. La gestión del gasto e ingresos públicos debe aspirar a la mayor eficiencia posible, eliminando duplicidades administrativas, conteniendo el gasto superfluo, repartiendo las cargas y beneficios de la política fiscal de forma justa, asegurando que se premie a los que cumplen y castigue a los que defrauden, y favoreciendo el crecimiento, la creación de empleo y la atracción de capital humano. Para ello:
2. Realizar una revisión integral e independiente del gasto público (spending review), siguiendo las mejores prácticas internacionales, para incrementar su eficiencia, identificar gasto superfluo y eliminar duplicidades administrativas.
3. Rebajar el IRPF en 2 puntos hasta dejarlo entre el 18% y el 43,5% una vez que España haya alcanzado el objetivo europeo de reducir el déficit público por debajo del 3%. Hasta entonces, en ningún caso se subirá el IRPF.
4. Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades para cerrar agujeros, mejorar el control y recaudar más sin subir los tipos nominales de este impuesto, con el objetivo de aproximar los tipos efectivos de las grandes empresas a los nominales para aproximar la recaudación a la media de la zona euro. A la mayor brevedad, y en un plazo máximo de tres meses, se aprobará esta reforma con un objetivo de incrementar la recaudación* para la financiación de los programas sociales comprometidos en el bloque dos de este documento, en el ejercicio en que entre en vigor.
5. En el ámbito de la reforma de la financiación autonómica, se avanzará en la armonización de los tributos propios y cedidos a las CC.AA. para evitar discrepancias evidentes entre cargas fiscales por incurrir en el mismo hecho imponible en distintas regiones del territorio nacional.
b. Lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales.
6. Realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria (Ver dotación presupuestaria).
7. Reforzar el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y endurecer las multas a los bancos que cooperen en el blanqueo o en el fraude de sus clientes. Se revisará la regulación del secreto fiscal a fin de posibilitar la publicidad de las infracciones tributarias muy graves y la publicidad de sus autores.
8. Devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las SICAV, haciendo que las que no sean auténticas instituciones de inversiones colectivas no tributen al tipo privilegiado del 1% sino al tipo general del Impuesto de Sociedades.
-Se promoverá la apertura de las SICAV para que sean verdaderas instituciones de inversión colectiva y no vehículos de inversión privada de grandes fortunas con el objetivo de tributar menos. En particular, se introducirán modificaciones en el régimen de las SICAV para garantizar que estas sociedades se utilicen como instrumentos de inversión colectiva, finalidad para la que originalmente se crearon. Para lograr este fin, sólo se computarán a efectos del número mínimo de 100 accionistas, los que tengan una participación superior al 0,55%.
9. Revisar la lista de paraísos fiscales, volviendo a incluir a aquellos Estados que no cooperan de forma efectiva con Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Se exigirá que las sociedades con sedes en paraísos fiscales que pretendan operar en España sean transparentes y revelen quiénes son sus propietarios.
10. Facilitaremos el uso de medios de pago electrónico para abonos de menor importe (pago a través de terminal móvil) con objeto de incrementar la facilidad, comodidad y seguridad de esas operaciones. En particular, establecer el derecho de los consumidores a pagar cualquier bien o servicio cuyo importe supere los 10 euros a través de tarjeta de crédito, reduciendo las comisiones.
11. Aprobar un Estatuto de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para reforzar su independencia y profesionalidad, e incrementar sus recursos hasta equipararlos a los de los países de nuestro entorno (Ver dotación presupuestaria). Se creará una Oficina de Control Fiscal de Grandes Fortunas en la AEAT parar reforzar sus medios de lucha contra el fraude fiscal.
c. Competencia y eficiencia en los mercados de bienes y servicios.
Es fundamental que los mercados de bienes y servicios cumplan de la forma más eficiente la labor de asignación que desempeñan en la sociedad, satisfaciendo las demandas de los consumidores y vigilando la competitividad de nuestro sistema productivo. Para ello es imprescindible garantizar la independencia y evitar injerencias políticas en los organismos reguladores. La mala asignación de recursos y la falta de competencia tienen un coste altísimo en términos de productividad para la sociedad.
Mejorar la regulación económica de los distintos sectores es una tarea permanente, en cuyo ámbito proponemos las siguientes medidas:
12. Garantizar la independencia de los organismos reguladores evitando la politización de sus órganos de gobierno. Las Autoridades Administrativas Independientes poseerán independencia orgánica y funcional en términos equivalentes a los que hoy tiene la AIREF, incluyendo su financiación con tasas establecidas por ley. Sus Presidentes y sus Consejeros serán elegidos por el Pleno del Congreso de los Diputados, entre personas de reconocido prestigio y con más de diez años de experiencia profesional, y sus directivos serán seleccionados a través de procedimientos transparentes y meritocráticos.
13. Separar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos entidades independientes, siguiendo el modelo vigente en la mayoría de países de nuestro entorno:
– Una Autoridad Independiente de los Mercados (AIReM) que asumirá las funciones de supervisión y control de los sectores económicos regulados (en especial, el sector energético, telecomunicaciones y audiovisual, transportes, y servicios postales, a los que se sumará el juego) y de resolución de conflictos entre operadores económicos.
-Una Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo) que asumirá las funciones de promoción de la competencia, de aplicación de la normativa española y europea de defensa de la competencia y de garantía de la unidad de mercado. La AIDeCo asumirá además las funciones de protección y defensa de los consumidores y usuarios, siguiendo el modelo imperante en la Unión Europea, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas.
14. Reformar la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para incorporar mecanismos de colaboración entre diferentes Administraciones basados en la lealtad institucional. Se avanzará decididamente en la armonización de licencias y permisos en todo el país, eliminando las excepciones y barreras regulatorias injustificadas, incluyendo las medioambientales, culturales, o de seguridad e higiene, y promoviendo el reconocimiento mutuo entre CCAA. Crearemos la Secretaría General de Unidad de Mercado, con la finalidad de fortalecer los medios destinados a atender las demandas de los operadores económicos, y de que las empresas puedan desarrollar su actividad en un mercado interior más amplio e integrado.
15. Crear una Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero que, a partir de la CNMV, unifique y refuerce los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros) para recuperar la confianza de los ahorradores y usuarios de servicios financieros. Esta autoridad establecerá contratos tipo de servicios financieros para minoristas (por ejemplo, de hipotecas) con el fin de evitar fraudes a los consumidores justificados en la “letra pequeña” de los contratos, y también se ocupará de la supervisión de compañías de auditoría que actualmente desempeña el ICAC. Reforzar los derechos de los consumidores y usuarios.
16. Reforzar los derechos de los consumidores y usuarios. Se reformará la Ley Hipotecaria para establecer la prohibición de las “cláusulas suelo” que únicamente fijen un límite a la variación a la baja del tipo de interés contratado. Paralelamente, se revisará la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas bancarias, así como la regulación de los préstamos no bancarios entre particulares, para evitar situaciones de fraude y estafa. En esta materia, además:
-Avanzaremos en la mejora de la transparencia bancaria, promoviendo medidas que permitan a los clientes obtener más y mejor información. Haremos que la información se suministre en términos más homogéneos y comparables, con objeto de favorecer que los clientes puedan valorar mejor sus opciones y obtener condiciones más ventajosas.
-Facilitaremos que los clientes bancarios cuenten con información puntual a través de medios electrónicos, por ejemplo, respecto de las situaciones que puedan dar lugar a un descubierto y, por tanto, a un coste adicional no previsto.
17. Suprimir la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), cuyas funciones y presupuesto serán asumidas por un nuevo instituto independiente para el análisis y evaluación de políticas sociales para evaluar la eficacia y el coste de las políticas y programas de gasto público incluyendo políticas educativas, sanitarias y sociales a nivel nacional, de forma independiente, profesional y efectiva.
18. Impulsar un Pacto de Estado por la Energía, conciliando una planificación de objetivos a corto, medio y largo plazo, siempre en sintonía con las políticas energéticas europeas y apostando por la innovación. Este Pacto ha de dotar al sistema de seguridad jurídica, fomentar la competencia y apoyar la estrategia española de interconexiones internacionales.
19. Aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que regule de forma coherente y estable las políticas que afectan al clima, que incorpore objetivos ambiciosos y realistas para 2030 y 2050, además de los recogidos en la Agenda Europea 2020 y los adoptados en la Cumbre Mundial del Clima COP21. Se elaborará un Plan de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética, y para reducir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. Se apostará por la movilidad eléctrica con la finalidad de reducir el nivel de las emisiones y seguir trabajando para cumplir los diferentes objetivos europeos marcados para 2030-2050.
20. Avanzar en la reforma del sector eléctrico para conseguir tener precios competitivos (“tarifa eléctrica”) ajustados a los costes. De esa forma los precios españoles se irán aproximando a los precios medios de la UEM. La política energética se realizará en función de los compromisos europeos, favorecerá la penetración de energías renovables, manteniendo la competitividad de la economía española y el poder adquisitivo de los hogares. Se llevará a cabo una auditoría y liquidación definitiva de los Costes de Transición a la Competencia (CTC), así como todos los costes del sistema. Se eliminarán las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico eficiente (coloquialmente conocido como “impuesto al sol”) con el fin de promover un marco regulatorio estable y propicio para la generación a pequeña escala, promoviendo la reducción de precios. Se tendrán en cuenta particularidades adicionales de los sistemas extra-peninsulares, tratándolas de manera específica atendiendo a sus condiciones especiales y siempre con el objetivo de reducir los costes y contribuir a la estabilidad del sistema.
21. Impulsar un Pacto Nacional por las Infraestructuras Estratégicas, para que la política de infraestructuras se guíe por criterios técnicos objetivos y no por intereses políticos. Se potenciará la Oficina Nacional de Evaluación, que establecerá las inversiones prioritarias en los nuevos Planes de Infraestructuras en función de su rentabilidad social, económica, financiera y sus efectos sobre la cohesión social, atendiendo a criterios objetivos de eficiencia, evaluación continua y transparencia. Las grandes infraestructuras y proyectos de inversión deberán ser ratificados antes de su licitación por comisiones técnicas independientes y libres de injerencias políticas.
-Racionalizar la política de infraestructuras para priorizar el desarrollo de las de transporte de carácter estratégico nacional. En particular, se impulsará decididamente el Corredor Mediterráneo y el Corredor Atlántico, se agilizarán los trabajos de ejecución de obras estratégicas como el AVE a Galicia y la Variante de Pajares entre León y Asturias con el fin de garantizar su puesta en funcionamiento en el año 2017 y se continuará fomentado el transporte de ferroviario de mercancías, esencial para la estrategia logística de España.
d. Apostar por la innovación y la ciencia para la transformación de nuestro modelo productivo.
Apostamos por la innovación y la ciencia para la transformación de nuestro modelo productivo. Queremos crear el entorno institucional adecuado, que elimine barreras al emprendimiento y favorezca la generación de proyectos innovadores y la atracción de talento; así como establecer un modelo de I+D+i que reconozca adecuadamente la labor de los investigadores, para que vean recompensados todos sus esfuerzos, que produzca resultados útiles para nuestro tejido productivo y que permita desarrollar las sinergias entre los distintos agentes que participan en el esfuerzo investigador, tanto públicos como privados. Con esta finalidad, consideramos necesario:
22. Impulsar un Pacto Nacional por la I+D+i que promueva un incremento de la inversión pública estatal para alcanzar el objetivo del 2% del PIB en el conjunto de todas las actividades de I+D+i en el año 2020, una mejora en la cultura científica del país, un incremento en la capacidad de generación de conocimiento y una mayor transferencia de los resultados de la ciencia a la sociedad. Se reformará el Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación para que responda al modelo del European Research Council y promover con ello la estabilidad en la gestión de la I+D.
23. Crear la Red Cervera de Transferencia Tecnológica.(Ver dotación presupuestaria) Esta red estará formada por institutos tecnológicos para investigación aplicada con financiación mixta público-privada. Cada instituto estará ligado a una universidad u otros centros de investigación. El director del instituto será una figura investigadora destacada en el área. Además del director, los institutos estarán formados por personal investigador propio. Se financiará en un 60% con fondos públicos, un 35% con fondos privados y un 5% con becas internacionales. Los fondos privados serán la contrapartida al desarrollo de los contratos de investigación con empresas. Se aplicarán criterios estrictos de evaluación de los resultados y las retribuciones de los investigadores se ligarán a la efectividad de las innovaciones y proyectos acometidos.
24. Estimular la financiación privada de la I+D+i reformando el actual sistema de deducciones fiscales para equiparar los incentivos fiscales al capital riesgo a los previstos para las empresas con beneficios en el Impuesto de Sociedades.
25. Mejorar la financiación pública de sectores estratégicos a través de la creación de fondos de inversión públicos de match-funding que coinviertan con capital especializado (siguiendo el ejemplo del exitoso programa Yozma en Israel), mejorando los programas existentes (Fondos Invierte, ICO, CDTI, SEPIDES, etc.) y centrando los recursos en sectores de alta tecnología, especialmente en las etapas iniciales.
-Establecer un Programa de Fomento del Capital Semilla (inspirado en el exitoso Seed Enterprise Investement Scheme británico) que favorezca el desarrollo de StartUps en España. Se recuperará la deducción previa por la remuneración mediante “stock options” para las StartUps y se ampliarán los beneficios fiscales en el IRPF para los inversores de proximidad.
-Impulsar el crowdfunding como método de financiación alternativa para los emprendedores y las StartUps. Se reformará la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial para eliminar el límite de captación de fondos por proyecto de financiación participativa, delimitar claramente las funciones que deben ejercer obligatoriamente las plataformas de financiación participativa, y establecer un Registro Público Estatal de Inversores Acreditados, dependiente de la CNMV, que libere a las plataformas de financiación participativa de la obligación de acreditar la situación financiera y patrimonial de los inversores.
26. Promover una revisión de las políticas de compensación de los investigadores que obtienen patentes de utilidad económica en centros públicos de investigación y universidades, con la finalidad de que reciban al menos el 50% de los ingresos que dichas patentes generen, y adoptaremos medidas para incentivar que las empresas del sector privado aprueben esquemas similares.
27. Impulsar la Economía Digital, trabajando tanto en la mejora de las infraestructuras necesarias como en el fomento de las industrias y servicios de contenidos digitales. Generalizar el uso de las redes avanzadas de comunicación (4G, banda ancha) en diversos ámbitos, impulsar la presencia de PYMES en el comercio electrónico, mejorar la formación en competencias digitales de los estudiantes y los trabajadores y tomar medidas específicas para atraer emprendedores del mundo digital.
-Avanzar en el desarrollo de una agenda industrial encaminada especialmente a la adaptación a los cambios tecnológicos. Impulsar el proceso de transformación digital de la industria, a través de la iniciativa Industria Conectada 4.0, que pretende la efectiva incorporación de la tecnología en los procesos productivos y cadenas de valor, y en la aparición de nuevos modelos de negocio.
e. Defensa del medio ambiente, medio rural, el sector agroalimentario y la industria pesquera.
28. Compromiso en la defensa del medio rural, el sector agroalimentario y la industria pesquera.
-Agricultura: Trabajar para que la Política Agrícola Común contribuya a la ordenación del territorio europeo, tanto a través de la actividad agroalimentaria como de cuantas actividades económicas puedan desarrollarse en el medio rural, generando así riqueza y empleo y poniendo en marcha políticas activas a favor del desarrollo rural y la lucha contra la despoblación.
-Pesca: Afrontar los retos de la nueva Política Pesquera Común, mediante el desarrollo de mecanismos de investigación e innovación que permitan conocer la situación real y atender a sus efectos. Se seguirán las directrices europeas defendiendo las técnicas de pesca sostenible que garantizarán la supervivencia de nuestros recursos pesqueros.
-Agroalimentario: Elaborar una Estrategia de Desarrollo del Sector Agroalimentario, con horizonte 2027, acompasada con la futura PAC, que prepare al sector y que abarque las acciones a implementar.
-Agua. Apostamos por un proceso de negociación y adopción de un Pacto Nacional del Agua.
29. Potenciar las capacidades del sector turístico:
-Crear instrumentos de financiación y apoyo a proyectos de renovación integral que se realicen de forma coordinada entre el sector público y el privado, que aborden la necesaria revalorización de nuestros destinos turísticos (hoteles, viarios, infraestructuras, etc.)
C. Impulso a la iniciativa emprendedora, al trabajo autónomo y economía social
a. Iniciativa emprendedora y desarrollo empresarial.
Debemos apoyar el desarrollo empresarial, trabajando en la eliminación de los escalones regulatorios que desincentivan el crecimiento de las PYMES, de forma que puedan desplegar su máxima productividad y competitividad adquiriendo la escala óptima. El objetivo de estas medidas es lograr que España se sitúe en el top 10 del ranking Doing Business al final de la legislatura. Para ello, promoveremos medidas encaminadas a:
-Elevar el umbral de facturación en los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades y en la liquidación del IVA de 6 a 20 millones de euros. Se flexibilizarán los umbrales a partir de los cuales se producirá la integración en la Unidad de Grandes Contribuyentes.
-Rebajar la carga fiscal a las PYMES que invierten en su desarrollo: cuando una PYME crezca y revierta sus beneficios podrá duplicar, hasta 10 puntos, su rebaja en el Impuesto de Sociedades.
-Establecer un nuevo tipo de ¨auditoría abreviada¨ para las PYMES y las empresas cuya cifra de negocios les permita presentar sus cuentas anuales en formato abreviado.
-Crear un instituto especializado en el apoyo a las PYMES (tomando como modelo el Small Business Services británico o el Banco Único de PYMES de Luxemburgo) que concentre en un único interlocutor todas las funciones clave de apoyo en áreas críticas para el dinamismo de las PYMES (como la creación de empresas, gestión de cobros fiscales, etc.).
b. Autónomos y emprendedores.
Queremos reconocer e impulsar el papel clave de los trabajadores autónomos, que son una parte fundamental de nuestra economía. Para ello, llevaremos a cabo medidas urgentes que faciliten la actividad de los autónomos, reduzcan las cargas administrativas y fiscales que soportan, mejoren su protección social, particularmente las de las mujeres. Proponemos:
31. Crear una Subcomisión en el Congreso de los Diputados, que estudie una reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), con los siguientes objetivos:
-Articular un sistema que permita que los autónomos cuyos ingresos reales no superen el umbral del Salario Mínimo Interprofesional no tengan la obligación de cotizar y que reduzca las cargas administrativas, mejorando la capacidad de elección de las cotizaciones de todos los autónomos.
-Establecer fórmulas de cotización para el trabajo autónomo a tiempo parcial y para el que tenga vocación de no habitualidad o complementariedad económica.
-Alcanzar la plena compatibilidad entre la percepción de una pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad por cuenta propia.
-Facilitar la posibilidad de que los autónomos opten por que se les contabilice, de cara al cómputo de la pensión, la totalidad de la vida laboral.
-Fortalecer la protección social de la que disfrutan los trabajadores autónomos, para hacerla equiparable a las prestaciones del régimen general, siguiendo el principio de que a igualdad de contribución debe corresponder igual grado de protección social.
32. Entre tanto, en el primer mes de Gobierno se aprobará una Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo para reducir las cargas administrativas de los autónomos y mejorar su protección social, de modo que ningún autónomo tenga que cotizar o tributar por ingresos que no haya percibido efectivamente.
Entre ellas:
-Ampliar la cuota reducida para los nuevos autónomos, para que quienes inicien un negocio paguen sólo 50 euros al mes durante el primer año, en lugar de los 6 meses actuales.
-Establecer que en las altas y bajas a la Seguridad Social que no se realicen el primer día del mes, el importe de cotización se calcule únicamente por los días efectivos de trabajo del mes correspondiente.
-Permitir hasta cuatro cambios al año en la base de cotización de los autónomos.
-Modular el régimen de recargos en la cotización de la Seguridad Social para los autónomos.
-Clarificar la deducibilidad de los gastos en los que incurren los autónomos en el ejercicio de su actividad, de forma que puedan contar con un elevado grado de seguridad jurídica.
-Bonificar la cuota en su totalidad de las trabajadoras autónomas durante la baja por maternidad o en caso de baja por riesgo médicamente demostrado durante el embarazo, incluso en los casos en los que no se contrate un trabajador de sustitución.
-Equiparar los incentivos económicos de las madres autónomas que se reincorporen a su actividad en los dos años posteriores a la maternidad con los que disfruten las trabajadoras del régimen general.
-Adecuar la composición, estructura y actividad del Consejo Económico y Social a la realidad económica actual y a las nuevas formas de organización del trabajo, en particular para mejorar la presencia de las asociaciones de trabajadores autónomos.
c. Impulsar la economía social:
33. Adoptando las medidas adecuadas para eliminar las barreras de naturaleza legal, administrativa o burocrática que impiden o limitan el desarrollo de las empresas de Economía Social y reforzando la presencia de la Economía Social de manera que se reconozca su contribución a la generación de tejido empresarial y empleo.
d. Reducción de la morosidad empresarial. La morosidad empresarial es un serio problema para nuestras PYMEs y autónomos, que dificulta su actividad económica y genera costes muy elevados. Por ello, consideramos necesario desplegar las siguientes medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa de plazos de pago empresarial:
34. Aprobar la implantación de un régimen de información y sanciones en materia de morosidad con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los plazos legales de pago vigentes por parte de las empresas y de las Administraciones Públicas. Las empresas que no cumplan con los períodos medios de pago legales no podrán acogerse a determinadas ventajas fiscales o en la cotización a la Seguridad Social.
-En las licitaciones públicas se exigirá a los grandes contratistas una certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago a las empresas que subcontraten.
-Establecer incentivos para que las empresas adopten el régimen del IVA de caja en la mayor medida posible, de forma que las PYMEs puedan repercutir el impuesto cuando reciban efectivamente los pagos por sus ventas. e. Segunda oportunidad. La financiación y el endeudamiento son preocupaciones fundamentales de nuestros emprendedores y autónomos.
35. Consideramos necesario avanzar en las medidas que puedan facilitarles su viabilidad financiera y garantizarles una “segunda oportunidad” después de un proyecto empresarial fallido. Por este motivo, contemplamos:
-Permitir que las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social puedan negociarse en el acuerdo extrajudicial de pagos y ser exoneradas del pasivo insatisfecho del deudor, con la máxima seguridad jurídica y siguiendo criterios técnicos.
-Equiparar los porcentajes de voto necesarios para aprobar un acuerdo extrajudicial de pagos de las personas naturales a los requeridos para la formalización del convenio en los concursos de acreedores.
-Revisar los requisitos para acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho, para facilitar una tramitación más eficiente del procedimiento.
-Eliminar el periodo de cinco años durante el cual las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas por los acreedores, con las salvaguardas necesarias para que solo puedan beneficiarse de este mecanismo los deudores que hayan actuado con buena fe.
-Flexibilizar, con las salvaguardias adecuadas, los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual, manteniendo el derecho a permanecer en su casa durante tres años con un alquiler que no superará el 30 % de los ingresos de la unidad familiar del deudor.
D. Empleo y lucha contra la precariedad.
a. Mercado de trabajo.
Nuestra política laboral persigue tres grandes objetivos, dirigidos a acabar con los principales problemas que afectan a nuestro mercado de trabajo: reducir el desempleo, especialmente el de larga duración; acabar con la precariedad, fomentando la creación de empleo estable y de calidad; y potenciar el capital humano con unas políticas activas de empleo y formación verdaderamente eficaces.
36. Reducir a tres las modalidades de contrato de trabajo:
a. Contrato indefinido.
b. Un contrato “de protección creciente”: con duración determinada, causal e indemnización creciente.
c. Un contrato para la formación, para la cualificación profesional del trabajador, tanto en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en la empresa con la actividad formativa, como para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios previamente cursados.
-Fijar para el contrato “de protección creciente” las siguientes características:
a. Sólo podrá celebrarse cuando concurra una necesidad temporalmente limitada de mano de obra.
b. Una duración máxima de 2 años, ampliable 12 meses más cuando así se establezca en convenio sectorial estatal o en su defecto de ámbito sectorial inferior. Tal límite temporal no operará cuando el contrato se celebre para sustituir a un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo.
c. Una indemnización creciente por finalización del contrato equivalente a 12 días de salario para el primer año, 16 días el segundo año y 20 días el tercer año. En caso de despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o de despido improcedente, la indemnización seguirá siendo la misma que en la actualidad. d. Una tutela judicial efectiva que evite su uso abusivo.
e. Un preaviso de 15 días en caso de extinción siempre que la duración del contrato supere los seis meses. En caso de que el empresario incumpla tal obligación deberá compensar al trabajador con una indemnización equivalente al salario correspondiente al número de días que hubiera incumplido.
f. En caso de conversión en contrato indefinido los primeros 500 euros de la base de cotización por contingencias comunes correspondientes a cada mes quedarán exentos de cotización durante cuatro años.
37. Reconocer a todos los trabajadores, cualquiera que sea la modalidad de contratación, el derecho a un preaviso de 15 días en caso de extinción del contrato de trabajo durante el periodo de prueba siempre que éste supere los seis meses. En caso de que el empresario incumpla tal obligación deberá compensar al trabajador con una indemnización equivalente al salario correspondiente al número de días que hubiera incumplido.
38. Introducir mecanismos que permitan reducir la dualidad de nuestro mercado laboral, en particular la constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores, al estilo de la conocida como «mochila austríaca», mantenida a lo largo de su vida laboral. El trabajador podrá cobrar la cantidad acumulada en este fondo o llevársela consigo si cambia de trabajo, favoreciendo la movilidad.
39. Establecer desincentivos para las empresas que utilicen de manera abusiva un exceso de despidos por contratos de duración determinada, mediante el incremento de las cotizaciones sociales por desempleo que deban satisfacer (malus), a la vez que se establece un nuevo incentivo (bonus) en las cotizaciones de aquellas empresas que despidan menos por esta causa y que incrementen su porcentaje de contratos indefinidos, comparadas con otras de su mismo sector. El diseño de esta medida se realizará de forma que no perjudique la creación de nuevas empresas y el desarrollo de nuevos sectores productivos.
40. Adaptar nuestro mercado de trabajo a la Cuarta Revolución Industrial. Para ello se analizarán medidas para ayudar a los trabajadores a integrarse en el mundo digital, en particular a los mayores de 45 años. Asimismo se analizará el establecimiento en la ley de límites claros al control tecnológico de la prestación laboral y el reconocimiento del derecho a la desconexión.
41. Promover activamente la igualdad de género en el seno de la empresa, entre otras medidas, incentivando el establecimiento de objetivos claros de representación de mujeres en los altos cargos y consejos de administración, y se fomentando una cultura de transparencia en el proceso de selección en todos los niveles de contratación, con estadísticas de contratación que se deben publicar en el informe anual.
b. Plan de choque contra el desempleo.
42. Impulsar las políticas activas de empleo para garantizar que sean una herramienta verdaderamente eficaz, potenciando los servicios de orientación. Los orientadores dispondrán de un programa de perfilado estadístico, basado en los datos personales y competencias profesionales de cada desempleado y con el que podrán formular una propuesta personalizada de itinerarios formativos y laborales.
-Evaluar en el marco del diálogo social y el debate parlamentario, y ampliar el Programa de Activación Para el Empleo* (PAE Plus) para aumentar el grado de cobertura de los desempleados de larga duración y sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.
-Dar un nuevo impulso a los planes y actuaciones específicas para combatir el desempleo juvenil en el marco de la Estrategia de emprendimiento y empleo joven y de la Garantía Juvenil Europea. En concreto, y de manera urgente mejorar el procedimiento de inscripción de los jóvenes menores de 30 años en el Registro telemático de Garantía Juvenil, la integración de los datos del registro con todos aquellos necesarios para la evaluación de la eficacia de los planes y acciones de empleo y formación dirigidos a los más jóvenes, y establecer nuevos incentivos para una mayor implicación de la CCAA en la aplicación del Sistema de Garantía Juvenil.
-Crear el organismo independiente Instituto Estatal para el Talento en el Empleo, con competencias suficientes para evaluar de forma continua las políticas activas de empleo implementadas por todas las administraciones públicas, mejorando su coordinación y promoviendo un aumento de su eficacia y eficiencia.
-Aprobar de manera urgente el Desarrollo reglamentario de la Ley 30/2015 que regula el sistema de formación profesional para el empleo, agilizando la Implantación de los Cheques de Formación para los desempleados de larga duración, con el fin de que ellos mismos puedan elegir directamente los cursos de formación que más se adapten a sus necesidades.
-Reforzar la cartera común de los servicios públicos de empleo para garantizar, en todo el Estado, el acceso en condiciones de igualdad a los a los servicios prestados por los mismos.
-Dar un impulso al portal único de empleo a través de una mayor vinculación con otras redes sociales y portales de empleo privados para que se convierta en el portal de referencia y fuente de información necesaria para la creación del mapa de competencias demandas y ofrecidas en el mercado de trabajo.
-Orientar las acciones en materia de políticas activas de empleo a resultados en términos de inserción de los desempleados, continuando con la vinculación de la financiación a los resultados obtenidos e informando públicamente del impacto de las acciones de políticas activas para favorecer la fiscalización de los programas por la opinión pública.
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