El Partido Popular de Gibraleón (Huelva) ha denunciado que la alcaldesa de Gibraleón, la socialista Lourdes Martín, le ha negado el acceso al expediente sobre el cese del Jefe de la Policía Local, solicitado en el Ayuntamiento a raíz de conocerse la investigación judicial abierta por el Juzgado de Instrucción n-1 de Huelva contra la alcaldesa y diputada provincial, que tendrá que declarar en el juzgado por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental, en relación con la destitución del que era jefe de la Policía Local en el municipio hasta julio de 2015.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento olontense, Manuel Gómez, ha señalado que “mucho parece que tiene que esconder la alcaldesa cuando niega a la oposición el derecho a fiscalizar su gestión, impidiendo el acceso a este expediente a los representantes legítimos de la ciudadanía”. Gómez ha lamentado que Martín “actúe con una total falta de transparencia y censurando una información que puede arrojar mucha luz a este caso”.
En este sentido, ha indicado que los olontenses «se merecen saber qué ha ocurrido, pero la alcaldesa solo se ha limitado a decir que el PP está detrás de esta denuncia”. Gómez ha explicado que el PP ha conocido este caso por los medios de comunicación «y cuando hemos pedido conocer el expediente, la alcaldesa se ha negado a facilitar la información de un expediente al que la oposición, en representación de los ciudadanos, tiene derecho a acceder”.
Cesado de forma irregular
De «muy graves» ha calificado el PP estos hechos, «a tenor de los presuntos delitos por los que un juez investiga a la alcaldesa tras una denuncia del ex jefe de la Policía Local de Gibraleón, funcionario que fue cesado de su puesto de forma irregular y cuya denuncia ha sido admitida a trámite por un juzgado”. Por ello, ha advertido que el PP de Gibraleón «no va a parar hasta que se sepa toda la verdad de este asunto tan grave porque queremos saber si se ha cometido una ilegalidad”.
Gómez también ha precisado que “el PP quiere saber, al igual que los ciudadanos, por qué la alcaldesa encarga a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que pagamos todos los olontenses, su defensa jurídica y la del resto de implicados”. A este respecto, ha agregado que “aunque la alcaldesa ha dicho que va a pagar de su bolsillo su defensa jurídica, mientras no se demuestre que la encomienda firmada por ella en la que encarga su defensa a los servicios jurídicos del Ayuntamiento ha sido anulada, seguiremos pesando que ese gasto recaerá sobre los ciudadanos”. Así, ha añadido que “los ciudadanos no tienen que pagar con sus impuestos los errores, la mala gestión de una alcaldesa ni las consecuencias de sus decisiones personales”.
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