
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha comprometido a seguir investigando la situación sanitaria de Huelva y a intercambiar información con la plataforma ‘Huelva, por una sanidad digna’, con la que ha mantenido este miércoles un encuentro, a la vez que ha llamado al diálogo a todas las partes implicadas.
La Oficina del Defensor del Pueblo en Andalucía aboga por «un acuerdo que fije los límites infranqueables» de la sanidad andaluza. Para esta institución, el sistema sanitario público «es uno de los principales pilares del Estado del bienestar y el establecimiento de una cobertura integral de la asistencia sanitaria en los casos de pérdida de la salud, se percibe como un derecho fundamental que trasciende el limitado marco de garantías que le otorga su reconocimiento constitucional». Añade que la vinculación de este mecanismo de protección a un bien tan esencial como la propia vida «le ha conferido un valor especial para la ciudadanía y ha propiciado el interés y la preocupación de la misma por su correcto funcionamiento».
Esta Oficina han constatado «un interés y una preocupación en las numerosas quejas» que ha venido recibiendo el Defensor del Pueblo Andaluz en relación con el sistema sanitario desde el inicio de la actividad de esta institución y reconoce que ha crecido significativamente la inquietud ciudadana por el funcionamiento del sistema sanitario andaluz, «como lo atestigua el aumento de las quejas recibidas y ha trascendido el ámbito de la queja o la reclamación para trasladarse a la calle en forma de manifestaciones multitudinarias que, iniciadas en determinadas localizaciones y en relación a problemáticas concretas, parecen extenderse a otros puntos de nuestra geografía y abarcar un campo mas amplio de reivindicaciones, auspiciadas bajo la proclama de la defensa de «una sanidad digna».
Una muestra tan significativa de malestar ciudadano «no puede ser ignorada, ni menos aún descalificada o menospreciada
Para el Defensor, una muestra tan significativa de malestar ciudadano «no puede ser ignorada, ni menos aún descalificada o menospreciada, porque supone la expresión pública de un descontento con el funcionamiento del sistema sanitario andaluz, que se extiende desde hace tiempo entre el colectivo de profesionales de la sanidad y también entre usuarios y pacientes».
Para el Defensor del Pueblo, «es obligado», no obstante, «reconocer que durante la crisis económica la Junta de Andalucía, a diferencia de lo ocurrido en otras comunidades autónomas, asumió como prioritario el mantenimiento del servicio público de salud y como consecuencia de ello realizó una opción decidida por destinar los recursos disponibles al mantenimiento de servicios sanitarios, aunque ello implicara dejar en suspenso algunas de las inversiones previstas o reducir los presupuestos destinados a otras necesidades del sistema sanitario».
No obstante,, considera «evidente» que los retrocesos habidos en la calidad del sistema sanitario andaluz como consecuencia de la crisis económica, «constituyen uno de los motivos que explican los movimientos ciudadanos de protesta, cuyas reivindicaciones traslucen el anhelo ciudadano por recuperar los niveles de calidad del sistema y por seguir avanzando en la consecución de un sistema sanitario de excelencia».
Paralizar la fusión
El Defensor del Pueblo valora «muy positivamente» la decisión de la Administración sanitaria de paralizar la fusión hospitalaria y «retomar la senda del diálogo» para alcanzar un consenso, «que estamos seguros de que será la base desde la que recuperar la confianza pérdida y lograr diseñar el mejor de los sistemas para las zonas afectadas».
Asegura ser consciente de que el sistema sanitario público de Andalucía «goza de un reconocimiento merecido pero también creemos que el mismo ofrece un amplio margen de mejora, incluso asumiendo que deberá hacerse sobre la base de unos recursos siempre limitados y sometido permanentemente al debate de su sostenibilidad». Por ello señala que es «necesario llegar a un acuerdo que fije los límites infranqueables para la defensa de la sanidad pública por parte de quienes están llamados a ejercerla, que en definitiva somos todos los sectores de la sociedad».
La representante de ‘Huelva, por una sanidad digna’, Paloma Hergueta, ha expuesto al Defensor los problemas de la sanidad onubense, como la Atención Primaria, los retrasos en los chares, el traslado de pacientes críticos y las deficiencias en los servicios de urgencias en la Sierra, entre otros temas.


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