
Los consejeros de Salud, Aquilino Alonso, y de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, han defendido que la Sanidad pública andaluza contribuye a estimular la riqueza y la cohesión social. Así lo han expresado este lunes durante su participación en el Desayuno informativo que, bajo el lema “Un sistema de salud sostenible, innovador, equitativo y accesible”, ha organizado la Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento, en el Rectorado de la Universidad de Málaga.
En la mesa de este desayuno informativo, en la que se ha valorado el impacto de la economía de la salud en distintas vertientes de la política autonómica, como la Salud y el Empleo, han participado también el Rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Naváez, y los directores de la Cátedra, Antonio García y María Luz González.
Así, durante el encuentro, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha intervenido afirmando que el sistema sanitario público de Andalucía «constituye un gran valor social y económico». En este sentido, ha destacado que en Andalucía el valor añadido del sector sanitario público «es superior al promedio de la economía regional, lo que se traduce en que, por cada euro invertido en sanidad pública se generan 0,84 de valor añadido en el conjunto de la economía andaluza». Este valor, ha explicado, se obtiene «gracias a la elevada cualificación, a la intensidad del conocimiento que se utiliza y genera, así como al elevado grado de tecnología que se emplea en el sector sanitario público».
Junto a ello, Alonso ha puesto en valor que los sistemas sanitarios públicos «protegen financieramente a las familias frente a la enfermedad y garantizan la equidad en el acceso a la atención, de manera que nadie queda excluido por motivos económicos o sociales». Por otra parte, ha señalado que las incertidumbres del Sistema Nacional de Salud «se sitúan en la esfera de la decisión política, porque priorizar la inversión en sanidad pública, con carácter universal y equitativo es una cuestión que se decide».
El responsable de Salud ha destacado también que la apuesta inversora en Salud del Gobierno andaluz «se contrapone» a lo que plantea el Gobierno de España. «Mientras Andalucía destina el 6.3% de su PIB a sanidad, a nivel nacional se propone reducirlo hasta el 5,7% del PIB en 2019,“una cifra muy alejada de la realidad social y de los países del entorno”, ha manifestado el consejero.
A eso hay que sumarle, ha explicado, las políticas emprendidas, teóricamente para contener el gasto, están suponiendo “barreras en el acceso a la sanidad pública y un incentivo para la sanidad privada así como un desgaste muy importante para la organización sanitaria”. Es el caso de la extensión de los copagos, la exclusión de la cobertura sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular, la desgravación de los seguros privados de salud, la paralización de las ofertas de empleo, las tasas de reposición impuestas, el acuerdo con Farmaindustria recientemente renovado para vincular el gasto farmacéutico al PIB, ha puesto de ejemplo Aquilino Alonso. En su opinión, estas medidas «no solo no contribuyen a la contención del gasto sino que están provocando desigualdades en el acceso a la atención sanitaria necesaria y suponen la desaparición del principio de solidaridad en la financiación del sistema». Además, ha añadido, «esta reducción del gasto público en sanidad está limitando las posibilidades de inversión en I+i en los centros públicos, y por tanto las posibilidades de acceso de la población a las innovaciones».
Ley de Garantías y Sostenibilidad
En este contexto, Alonso se ha referido a la futura Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, que acaba de entrar en el Parlamento para su debate, «una norma con la que se quiere blindar los valores de universalidad y equidad, así como el carácter público y gratuito del sistema sanitario público de Andalucía».
De este modo, se pretende «garantizar la perdurabilidad de los valores y fortalezas del sistema sanitario y preservarlo de cualquier intento de retroceso o privatización, así como garantizar su suficiencia financiera», ha indicado el consejero de Salud, que ha resaltado la importancia de alcanzar un amplio consenso social y parlamentario alrededor de este proyecto normativo “ya que la población está demostrando que la sanidad pública le preocupa y que está dispuesta a defenderla con todas las herramientas a su alcance”.
El consejero ha defendido un Estado del bienestar con políticas de protección social que «permitan vivir dignamente y con buena salud», al tiempo que ha añadido que “el devastador impacto del desempleo y la precariedad requieren realizar con urgencia políticas fiscales progresivas y redistributivas que permitan mejorar la protección social”.
En este sentido, ha asegurado que la escasez de recursos y la ausencia de aplicación de políticas efectivas que reduzcan el desempleo, que protejan a quienes están desempleados y que mejoren la calidad de las condiciones de trabajo reduciendo la precariedad laboral es “ser cómplice del deterioro de la salud y la calidad de vida de muchos ciudadanos y de que sigan aumentando las desigualdades en salud”.
En relación con las políticas sanitarias, ha lamentado que la contrarreforma del Gobierno central “nos retrotrae tres décadas y nos devuelve a un sistema de seguro con numerosos copagos”. Sistema, ha especificado, que «excluye a los sectores más débiles y vulnerables de la población: inmigrantes sin papeles, personas en desempleo que no hayan cotizado, entre otros”.
De este lado, ha precisado que los efectos sobre la salud de las personas paradas son «más o menos graves en función del nivel de protección social, de la fortaleza y prestaciones del Estado de bienestar el poner en marcha barreras económicas para el acceso a los servicios sanitarios (copagos) o recortes en las prestaciones del sistema sanitario público resultan una clara injusticia con las personas en desempleo que necesitan más de estos servicios y que, además, tienen una menor capacidad económica, pudiendo agravar los problemas de salud que sufren». Tales iniciativas, ha insistido, «suponen una agresión directa a este colectivo y un atentado a la equidad del sistema sanitario público”.


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