Trabajadores de Seguridad Integral Canaria se concentran para exigir el pago de sus nóminas

UGT ha interpuesto varias denuncias en la Inspección de Trabajo

Concentración en las dependencias de la Subdelegación de Defensa en Huelva

Trabajadores de la empresa Seguridad Integral Canaria se han concentrado este lunes en las dependencias de la Subdelegación de Defensa en Huelva en protesta por los «reiterados incumplimientos» del convenio colectivo, siendo el más grave el «retraso continuado» en el pago del salario, «pero pasando por incumplimientos en el tema de pagos de conceptos retributivos, de seguridad y salud en el trabajo, de EPI y de vacaciones», ha manifestado la Federación de Servicios, Mobilidad y Consumo de UGT Huelva (FeSMC – UGT), que ha interpuesto denuncias en la Inspección de Trabajo.

«No se trata de una situación excepcional, viene siendo frecuente que la empresa, se demore en el abono de sus nóminas, desde del pasado mes de agosto del 2016», señala la FeSMC – UGT Huelva, que ha requerido, en numerosas ocasiones, a la empresa que abone los haberes en los plazos que marca el convenio colectivo. La empresa, hasta la fecha, «ha hecho caso omiso en una clara interpretación de desprecio hacia sus profesionales que, sin duda, constituyen el valor más importante que tiene», asegura el sindicato, quien asegura que «las argumentaciones vertidas por la empresa de problemas comerciales entre el Ministerio de Defensa y su proveedor, Seguridad Integral Canaria, si es que los hubiese, en ningún caso pueden trasladarse a los profesionales que prestan seguridad privada en sus instalaciones».

FeSMC – UGT va a poner todos los medios jurídicos y de acción sindical a su alcance para que en Defensa, como en toda la Administración Pública, se realicen las contrataciones «con la garantía y el cumplimento del convenio colectivo estatal y la Ley de Seguridad Privada«.

Para UGT, es «absolutamente prioritario» que en el Ministerio de Defensa se tenga la determinación y voluntad política de ser exigente con sus proveedores de seguridad privada, al objeto de velar que desde la administración pública, que con dinero público sostenemos entre todos, no se produzcan ni se permitan situaciones de fraude e ilegalidad como la que a través de la presente, queremos poner de manifiesto». Y, por tanto, «reiteramos que la administración pública tiene su responsabilidad social es garantizar que las empresas con las que ha externalizado sus servicios cumplan con la legalidad vigente y garanticen que a los vigilantes, que custodian sus instalaciones, bienes y personas incluidas, se les aplique íntegramente el Convenio Colectivo de Seguridad Privada«.

 

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