El PSOE pide al Gobierno que colabore con los ayuntamientos para atender las reclamaciones de plusvalías

El Grupo Parlamentario Socialista presentará una PNL en el Congreso

La diputada socialista Pepa González Bayo

El Grupo Parlamentario Socialista de Huelva ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados sobre la reforma del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía, con el objetivo de instar al Gobierno central a acordar con los ayuntamientos las adaptaciones necesarias de la normativa y que dispongan de la capacidad económica y la autonomía financiera necesaria para continuar ofreciendo los servicios que prestan.

En esta línea, la diputada socialista Pepa González Bayo, ha incidido en “la necesidad de acordar, en el marco de la revisión de la financiación local, una reforma global del impuesto que permita que la forma de cálculo de la cuota tributaria refleje de un modo más fiel el verdadero incremento de valor de los terrenos en que se encuentran los inmuebles”. Todo ello, “asegurando que los cambios no se traducen en una merma global de ingresos para los ayuntamientos”.

Con esta iniciativa, ha apuntado, se persigue «que el Gobierno de Rajoy colabore con los ayuntamientos para establecer mecanismos que permitan atender las reclamaciones de los contribuyentes del modo más eficaz posible, tratando de poner en marcha fórmulas que eviten la judicialización de los procedimientos, provocando una avalancha de casos que podría acabar saturando los tribunales”.

González Bayo aclaró que este tributo «es una de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos, así como la modificación de las normas que definen el impuesto, para dejar de someter a gravamen los casos en que no se haya producido un incremento de valor y permitir a los contribuyentes que éste no se ha producido, tendrá un impacto muy notables, tanto sobre sus situación económica-financiera como sobre la forma en que han de organizar los procedimientos administrativos de sus órganos de recaudación».

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