La Asociación Sindical Onubense de Personal Universitario Contratado ‘Capítulo 6’ de la Universidad de Huelva (UHU) ha informado de la sanción de 6.000 euros de la Inspección de Trabajo a la Onubense «por proceder a la extinción de contratos sin haber seguido el procedimiento descrito en el artículo 51 del real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores».
Según este colectivo, «las consecuencias de la ejecución del ERE ilegal que llevó a cabo la UHU bajo el mandado del ex eector, Francisco Ruiz, en 2013 a trabajadores del colectivo “Capítulo 6”, continúan» y añade que «al mayor conflicto laboral vivido en la institución académica en sus ya casi 25 años de historia, y que aún está por resolver, hay que sumarle un nuevo revés para gestión del primer rector que no ha renovado mandato en la historia de la Universidad de Huelva».
La Inspección de trabajo, «después de la contundencia de la Jurisdicción Social», indica el colectivo, «ha tomado cartas en el asunto para determinar, desde la perspectiva de la responsabilidad administrativa, las consecuencias de la actuación de la UHU bajo la dirección de Francisco Ruiz». La consecuencia de esta actuación, a su juicio, ha sido doble. Por un lado, el acta de infracción emitida por la Inspección de Trabajo «desmonta una vez más la tesis del ex rector y su secretario general, Juan Gorelli, que sostenía que, a pesar de las sentencias judiciales, la Universidad de Huelva nunca había incurrido en un ERE ilegal».
Trabajadores indefinidos no fijos
Cabe recordar que el equipo de Gobierno anterior utilizó un procedimiento administrativo, «que ellos mismos abrieron», declarando los contratos nulos a los trabajadores “Capítulo 6” que denunciaron ante los tribunales sus despidos, «una vez que comprobaron que los Tribunales de lo Social no iban a darles la razón, con el objetivo de borrar su nefasta gestión y bajo el prisma de que dicha nulidad invalidaba el ERE irregular declarado judicialmente». De este modo, con la evaluación realizada por la Inspección de Trabajo «ha quedado demostrado y ratificado que la UHU con Francisco Ruiz a la cabeza ejecutó un ERE ilegal y que el colectivo de trabajadores que denunció su despido tiene una nueva vinculación laboral con la institución que no es la de contratado temporal, sino de trabajadores indefinidos no fijos».
La segunda consecuencia es que la Inspección de Trabajo sanciona con una multa de más de 6.000 euros a la Universidad “por proceder a la extinción de contratos sin haber seguido el procedimiento descrito en el ar.t 51 del real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores”. A esta sanción económica se le pueden sumar en un futuro, indica el Capítulo 6, nuevas sanciones por parte de la Inspección de Trabajo relativas a esta misma cuestión por cada trabajador afectado por el ERE ilegal.
«En definitiva, como resultado de las decisiones políticas tomadas por el ex rector, la Universidad tendrá nuevamente que hacer frente a un sobrecoste económico que todos sufragamos con nuestros impuestos». Además, añade, se trata de un conflicto «que ha provocado un deterioro de la imagen de nuestra institución, enquistando un problema y no buscando el bien general conforme a la legalidad, favoreciendo un buen clima de trabajo y compañerismo».
La Asociación Sindical “Capítulo 6” afirma que continuará luchando «por una normalización de las relaciones laborales» dentro de la UHU, «apostando por el diálogo como vía de la resolución de este conflicto laboral, como ya hizo en la etapa de Francisco Ruiz, a pesar de su constante negativa al diálogo y a la mediación, y trabajar para desarrollar las labores encomendadas para conseguir una Universidad de vanguardia en todos sus ámbitos: docencia, investigación y transferencia del conocimiento».
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