El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha denunciado ante el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, la situación «insostenible· por la que atraviesa el departamento de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía en Huelva, dependiente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, debido a los «escasos recursos materiales y humanos», con un sólo inspector pesquero.
«Cada vez es más acusada la carencia de recursos humanos y materiales en el trabajo cotidiano de los inspectores, hecho éste que han venido denunciando en repetidas ocasiones ante los responsables de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía en Sevilla intentando paliar las deficiencias y siempre en aras de la conservación del Medio Marino y en la defensa de la pesca, y, aún siendo conocedores de esta falta de medios, se ha optado por mantener y consentir esta situación precaria y perjudicial para la ciudadanía y para la propia Administración», denuncia el sindicato.
Según el SAF, desde el pasado 1 de septiembre se cuenta con un sólo inspector pesquero en el departamento, «debido a la resolución del reciente concurso de méritos en el ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía, que ha dejado a la Inspección Pesquera sin personal funcionario adscrito al departamento, aún cuando los responsables de éste eran conocedores desde el pasado 15 de julio de la situación en la que quedaría el departamento tras la resolución del meritado concurso».
Plazas vacantes
Según constatan los inspectores pesqueros de Huelva, este departamento tiene que hacer frente diariamente a inspecciones en el mar con más de 100 millas de Costa, inspecciones en Lonjas (4 lonjas en la provincia de Huelva), inspecciones en recintos pesqueros, en centros de expedición, mayoristas, minoristas y establecimientos de restauración, además de controles en carreteras y, todo ello «contando en la actualidad con el trabajo de un único inspector pesquero», insiste el sindicato, que hace hincapié en que esta situación «es consentida por los responsables de la Agencia, que pese a contar con cinco plazas vacantes y dotadas de inspector pesquero en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la provincia de Huelva y cuatro plazas de subinspectores pesqueros (desdotadas presupuestariamente) no han realizado trámite alguno para la provisión de dichos puestos por los procedimientos legalmente establecidos en los supuestos de urgencia y oportunidad».
Según el SAF, también constatan los inspectores pesqueros de Huelva, que el 70% del pescado y marisco que sale a la comercialización es ilegal, «economía sumergida que parece amparar los propios responsables de la Administración al no proporcionar los medios personales y materiales necesarios para aumentar su control, a sabiendas de su necesidad».
Así, en lo que se lleva de este año 2017, por parte del Departamento de Inspección Pesquera de Huelva se ha procedido al decomiso de más 27.000 kilos de productos de la pesca que carecía de todo tipo de documentación así como productos inmaduros, «gracias a la profesionalidad de los inspectores (funcionarios de carrera) que recurren a su afán por hacer cumplir la ley, trabajando horas extras y en jornadas de noche, a pesar de no tener previsto normativamente en sus horarios ningún tipo de jornada especial, siempre al servicio al ciudadano», señala el SAF.
Acceso al empleo público
Todo ello, de acuerdo a la organización sindical, viene propiciado también por la «inexistencia» de plazas de acceso libre en las sucesivas OEP de la Junta de Andalucía (5 plazas del cuerpo A1.2010 Y 10 del A2.2008 en la OEP de 2007, ninguna en la OEP de 2009, 2010, 2013 ni 2016) para el Cuerpo Superior Facultativo y de Grado Medio, opción Pesca, un situación «auténticamente aberrante, pues en los últimos 9 años no ha salido ofertada ni una sola plaza de los Cuerpos de Pesca, así como, tampoco se realiza uso alguno de la Bolsa de Interinos, la cual, de existir, debe datar del año 2007, lo que supone por parte de la Administración autonómica una clara lesión al artículo 23.2 de la CE, al impedir el acceso al empleo público para dichos puestos de trabajo que parecen destinados a su extinción, o bien, a la atribución de las funciones que corresponderían a éstos funcionarios de carrera a favor del personal laboral de la AGAPA, procedente de empresas públicas, lo que supondría que estaríamos ya ante un posible ilícito penal por usurpación de potestades públicas».
Por todo lo expuesto, el SAF, en su escrito remitodo al Defensor del Pueblo Andaluz, solicita que se lleven a cabo las «acciones pertinentes» al objeto de comprobar el cumplimiento de la normativa sectorial aplicable al asunto y, requerir del órgano competente que se adopten las medidas oportunas en aras a solucionar «de forma definitiva» la problemática existente mediante «la inmediata provisión» de los puestos, vacantes y dotados existentes a fecha actual, por el personal funcionario de carrera de los cuerpos de Pesca y proceda a instar a la Administración General de la Junta de Andalucía, que proceda al llamamiento de interinos, caso de ser necesario, de las Bolsas legalmente constituidas y a la urgente inclusión en la Oferta de Empleo Público de 2017, de los puestos que sean necesarios para cubrir las necesidades actuales, tanto por acceso libre como por promoción interna, para los Cuerpos A1.2010 y A2.2008.
Escribe una respuesta