La CHG prevé cerrar a corto plazo 77 pozos ilegales en el acuífero de Doñana

Gómez de Celis anuncia un "plan de choque" para controlar todos en Andalucía

Plan de choque contra los pozos ilegales destinados a sondeos o a extracción de agua sin concesión

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) prevé cerrar a corto plazo 77 pozos ilegales en el acuífero de Doñana, según ha anunciado el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

En 2018 se realizaron en toda Andalucía cerca de 1.000 inspecciones para detectar extracciones ilegales de agua, de las que se derivaron un total de 656 actas de denuncias, de las cuales aproximadamente la mitad, 328, fueron en el entorno de Doñana, según ha indicado Gómez de Celis, que no obstante, ha querido “romper una lanza a favor de los agricultores andaluces que de manera muy mayoritaria cumplen con la normativa y regulación y hacen un uso del agua de manera excelente y legal”. Por ello, ha añadido que “de ninguna manera debemos generalizar en la existencia de un uso fraudulento de los recursos hídricos subterráneos, ya que se trata sólo de una minoría que lo hacen de manera ilegal y perjudican a los propios agricultores. Tenemos que frenar esa irregularidad”, ha afirmado.

Gómez de Celis ha anunciado la puesta en marcha de un “plan de choque” que se va a impulsar a nivel nacional desde el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil junto al resto de las administraciones competentes en la tarea del control de pozos ilegales -destinados a sondeos o a extracción de agua sin concesión- para la inspección y denuncia de estas prospecciones, también en la comunidad andaluza.

Esta instrucción se divide en dos fases: la primera, que abarca del 1 al 15 de marzo, será para recabar información sobre la situación de los pozos en Andalucía; mientras que la segunda fase, que será hasta el 15 de septiembre, supondrá la intervención directa para elevar las posibles denuncias.

El delegado ha explicado que este plan es triple, ya que busca “preservar el uso responsable de un recurso escaso y fundamental para la vida como es el agua; preservar la competencia leal entre productores y agricultores; preservar la seguridad de las personas para evitar casos como el rescate de Julen en Málaga, que ha causado una gran alarma social”.

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