Opinión



Adicae lanza 65 propuestas para un programa electoral de los consumidores

Adicae pide la revisión de toda la legislación hipotecaria

Adicae, que ha analizado de forma pormenorizada los programas electorales de los cuatro grandes partidos, considera imprescindible colocar los problemas de los consumidores en el centro del debate político, y para ello lanza 65 propuestas que componen el programa electoral de los consumidores y usuarios.

Las referencias al consumo, a los consumidores y a sus representantes son prácticamente inexistentes en los programas que han presentado los partidos políticos, según Adicae, que considera que son muchos los temas importantes que afectan a los consumidores y usuarios, tanto financieros como no financieros, que los partidos no tratan en sus programas o lo hacen de forma superflua sin llegar al fondo de los problemas.

Según la organización de consumidores, los grandes problemas hipotecarios y del ahorro, energía, transporte, telecomunicaciones y de vivienda “dejan en evidencia el artículo 51 de la Constitución y la Ley General de Defensa de los Consumidores de hace ya 35 años y una necesaria renovación de las políticas de consumo”.

La asociación cree que ha llegado el momento de afrontar los grandes retos de los consumidores en España, que “con frecuencia tienen que echarse en brazos de una legislación europea mucho más protectora”. Las propuestas buscan fundamentalmente dos objetivos: “reaccionar a los grandes abusos de las grandes entidades y darles solución efectiva, y por otro adaptarse a una nueva sociedad digital y una nueva economía”.

Las 65 propuestas de Adicae se agrupan en cinco grandes bloques: ‘Justicia eficaz ante los grandes fraudes’, ‘digitalización de la Economía y educación financiera’, ‘acceso a la vivienda’, ‘revolución en los grandes temas de consumo’ y por último ‘participación y representación de los consumidores’.

La asociación considera imprescindible tres propuestas fundamentales para acabar con los abusos masivos y grandes fraudes en el consumo. Una reforma de la acción colectiva que tenga en cuenta el resarcimiento y no se base solo en la acción de cesación, un mecanismo eficaz de resolución extrajudicial de conflictos que implique al sector financiero y que obligue a adherirse a las grandes entidades, y en el terreno legislativo la aprobación de la Ley de Transparencia en los contratos que supondría un avance claro en la protección de los consumidores.

En materia financiera, Adicae exige la creación de la Autoridad Independiente de Protección al Cliente Financiero en la que sus decisiones sean vinculantes para las entidades. La organización apuesta por promover la competencia, la innovación, y la protección al consumidor en los nuevos medios de pago electrónicos y cree sin ambages en el principio de acceso universal gratuito a los servicios financieros. “En este nuevo entorno digital, la educación financiera, hoy en manos de los grandes bancos, se hace ineludible la intervención de las asociaciones de consumidores”, apunta la asociación.

En materia de acceso a la vivienda, Adicae pide el desarrollo de políticas efectivas dirigidas a los consumidores centradas en el alquiler, así como una revisión de toda la legislación hipotecaria una vez que la Ley de Crédito Inmobiliario se ha quedado “insuficiente” para los usuarios.

En los grandes temas de consumo, la asociación pedirá una reforma del sector eléctrico, telecomunicaciones, transporte y gran distribución, garantizando la transparencia, la competencia y especialmente dirigida a rebajar el precio de las tarifas sin que ningún consumidor se quede sin suministro.

Por último, Adicae considera muy importante un cambio profundo en la legislación de las asociaciones de consumidores, “actualmente ineficaz y atomizado con más de 300 organizaciones”. A su juicio, es necesario revisar las condiciones para entrar en el registro de asociaciones de consumidores, donde “la ausencia de finalidad lucrativa, la acreditación de la representatividad real y la dedicación exclusiva sean notas definitorias, y evitar así la incorporación de organizaciones cuya finalidad real no es social y que se benefician de apoyo público y de una consideración social reservada, de manera fraudulenta ante la pasividad de las administraciones”.

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