La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, ha firmado los acuerdos con 14 entidades de titularidad privada para la formalización de 816 plazas a través del concierto social en la provincia de Huelva para la atención a personas con discapacidad.
Estas 816 plazas se distribuyen de la siguiente manera: 444 son plazas en residencias, 74 en centros de día y 298 en centros con terapia ocupacional.
La red de centros de la Junta de Andalucía para la atención de personas con discapacidad en situación de dependencia en la provincia está formada por un total de 935 plazas, entre las que se encuentran las 816 plazas contempladas en el concierto social con centros de titularidad privada. El resto son plazas en centros de titularidad pública (diputaciones, ayuntamientos,…) y en los centros propios de la Junta de Andalucía.
El acto de firma de los documentos relativos al concierto social ha estado presidido por la delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano, y la delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Estela Villalba Valdayo.
Para distribuir estas plazas por tipología y provincia se ha tenido en cuenta el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía, así como una serie de criterios como la ratio de cobertura en las distintas áreas del territorio, la disponibilidad actual de recursos y la demanda de personas que requieren atención residencial en cada provincia. Todo ello de acuerdo con las prioridades consensuadas en las reuniones con las entidades representativas del sector.
En el caso de Andalucía, la adjudicación del concierto social permitirá cubrir un total de 12.520 plazas para atender a personas con discapacidad en situación de dependencia, de las que 265 son nuevas. El plazo de ejecución es de 24 meses y el importe total del concierto supera los 365 millones de euros.
El concierto social es una nueva figura administrativa especial, de mayor flexibilidad y garantía de calidad. Se basa en la libre elección de la persona usuaria y garantiza la continuidad asistencial de las personas que estén actualmente ocupando las plazas, manteniendo la vinculación afectiva y terapéutica, según informa la Junta.
El objetivo es mantener a las personas en su propio entorno y con los mismos referentes personales y profesionales, con el fin de garantizar la seguridad emocional que necesitan las personas que viven en residencias o asisten a centros de día.
Escribe una respuesta