El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha vuelto a requerir, por tercera vez, al Ayuntamiento de Huelva información sobre el local ocupado desde hace más de dos años en la avenida Costa de la Luz y que está siendo utilizado como vivienda, además de haberse convertido en ‘centro neurálgico’ de drogadictos, prostitutas y gorrillas.
Los vecinos y comerciantes del barrio interpusieron en mayo una queja al Defensor del Pueblo Andaluz ante la falta de respuesta del Juzgado número 4 de Huelva, donde, Aliseda, propietaria del inmueble, tiene interpuestas sendas demandas por lo penal y lo civil por la ocupación del inmueble, y ante la «dejadez de funciones» que entienden realiza el Ayuntamiento de Huelva «al no hacer valer sus competencias en materia urbanística, salubridad y seguridad ciudadana».
La queja fue admitida por la institución andaluza, quien el 27 de mayo realizó un primer requerimiento de información a la Fiscalía de Huelva, Ayuntamiento de Huelva y Subdelegación del Gobierno sobre el asunto que denunciaba la asociación vecinal. Al no obtener contestación del Consistorio onubense, el Defensor del Pueblo comunicó el 27 de junio remitía un escrito a la asociación vecinal informándole que con esa misma fecha volvían a solicitar información a la institución local que encabeza Gabriel Cruz «ante su silencio». Con fecha 4 de septiembre se le vuelve a comunicar a la asociación que “seguimos sin obtener respuesta del Ayuntamiento de Huelva a las cuestiones que en su momento le planteamos. Por este motivo, hemos dirigido un nuevo escrito a dicho organismo”.
La Asociación de Vecinos Costa de la Luz se encuentra «perpleja» ante «la falta de respuesta del Consistorio onubense», aunque piensa que el motivo de este silencio puede estar «en que no sabe qué contestar al organismo andaluz ante el poco interés que viene mostrando por el grave problema que padecen los vecinos y comerciantes de este barrio».
Los vecinos han realizado numerosas concentraciones semanales para exigir el desalojo del inmueble, que pusiera punto y final a un conflicto abierto desde la ocupación del mismo y que ha alterado la normal convivencia vecinal, además de poner en riesgo la integridad de las familias que habitan en el edificio del local ocupado.
Los vecinos mantienen colocadas en los balcones de sus pisos banderas ‘piratas’ para denunciar el ‘saqueo’ que vienen sufriendo «sin que las autoridades competentes sean capaces de atajar y devolver la tranquilidad al barrio» y en breve tiempo volverán a retomar las acciones de protestas ante «la falta de respuesta» de las instituciones implicadas en resolver el conflicto.
Reunión con el concejal de Seguridad
Por otro lado, el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Huelva, Luis Albillo, se ha comprometido con los vecinos de Costa de la Luz a intensificar la coordinación de la Policía Local con la Policía Nacional con objeto de aumentar la vigilancia en el barrio ante los graves problemas creados con la ocupación del local.
Los representantes vecinales han vuelto a describirle, tanto al concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad como al jefe de la Policía Local, Rafael Mora, la situación de “alarma social y de inseguridad» que están viviendo en sus calles desde hace más de dos años con la ocupación de este inmueble en el barrio que, «en los últimos tiempos se está viendo aún más agravada”.
Los vecinos han exigido a Albillo y a Mora una mayor presencia policial en el barrio ante las «continuas peleas» entre los propios okupas en la vía pública, así como las denuncias realizadas por algunos habitantes del barrio que han manifestado el «hostigamiento» que sufren sus hijos por parte de estos individuos. En cuanto a esta demanda, el jefe de la Policía Local ha manifestado que la Policía «transita las calles del barrio cada 40 ó 45 minutos”.
Asimismo, desde la Asociación de Vecinos Costa de la Luz se ha vuelto a instar al representante del Gobierno municipal a que el Ayuntamiento de Huelva ponga en marcha todas aquellas medidas que el estamento local posee para poder hacer frente a este grave problema que sufren los ciudadanos de esta zona de la capital, señalando tanto el concejal de Seguridad Ciudadana como el jefe de la Policía Local que “sólo el juez tiene la potestad de resolver esta situación con el ordenamiento del desalojo del local ocupado”.
Albillo también ha anunciado a los representantes de los vecinos que ya se encuentra trabajando una empresa en la elaboración de un plan de movilidad de la ciudad y que en breve tiempo serán convocados a una reunión para que expongan sus quejas y propuestas para solventar otro de los «graves problemas» que viene sufriendo este barrio desde la apertura de un centro hospitalario en el mismo, «sin haber previsto por parte de las autoridades municipales las consecuencias que éste tendría principalmente para los vecinos de la zona, tanto en movilidad como en aparcamiento», apunta la asociación de vecinos.
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