El presidente del Partido Popular en Huelva, Manuel Andrés González, ha resaltado hoy en Aljaraque la aprobación en el Parlamento de Andalucía del Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares, con el que el nuevo Gobierno de la Junta Andalucía pretende «solucionar el problema de las viviendas irregulares que en la provincia de Huelva afecta a casi 32.500 casas«.
González ha señalado que «con la norma se pone fin a años de caos jurídico y se resuelve el problema de las viviendas irregulares» que en Andalucía atañe a más de 300.000 familias, las cuales «en muchos casos no disponían de servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de agua y electricidad».
El presidente del PP onubense ha expresado que «en Andalucía existe un problema respecto a las edificaciones al margen de la legalidad urbanística generado por años de gobiernos socialistas», a lo que ha añadido que «la situación viene de lejos, sin embargo, los que la provocaron no supieron resolverla con éxito».
En contraposición, Manuel Andrés González ha asegurado que la nueva Junta de Andalucía, en «tan solo ocho meses», con esta medida «garantiza y ofrece a muchas familias onubenses las condiciones mínimas de seguridad y salubridad en las edificaciones». Asimismo, ha afirmado que con el decreto se clarifica el tratamiento de Asimilados Fuera de Ordenación (AFO) con el que podrán inscribir sus inmuebles en el Registro de la Propiedad.
En la provincia de Huelva hay un total de 32.440 viviendas ilegales, repartidas entre la zona del Condado-Marismas (8.170), Andévalo y Minas (7.023), Zona Metropolitana de Huelva (4.506), Costa Occidental de Huelva (3.509) y Sierra de Aracena (9.232).
La medida afecta a las viviendas irregulares sobre las que la administración ya no puede actuar de otro modo, por haber transcurrido el plazo legal para iniciar actuaciones al respecto. Al respecto, González ha aclarado que «no se trata de una legalización de las casas, sino de su reconocimiento de irregular» que, al prescribir, permite que los propietarios puedan inscribir sus inmuebles en el Registro de la Propiedad y obtener servicios básicos.
Asimismo, Manuel Andrés González ha aseverado que para que esta situación no vuelva a producirse, la Junta de Andalucía pretende «incrementar las inspecciones, así como las sanciones»
FIN AL LIMBO JURÍDICO
Por su parte, David Toscano, vicepresidente del PP de Huelva y Alcalde de Aljaraque, ha subrayado que se trata de una «fantástica noticia», un avance considerable para los vecinos y los ayuntamientos, ya que «va a permitir agilizar los trámites a la hora de prestar los suministros básicos a las viviendas».
«Hasta este momentos ha habido un limbo con algunas casas que no estaban escrituradas, y que sus dueños solicitaban a los ayuntamientos una solución que no dependían de ellos», ha manifestado Toscano antes de añadir «que los consistorios no podían hacer frente a los requisitos que requerían las compañías suministradoras».
Para finalizar, Toscano ha apuntado que «gracias a esta medida que ha impulsado el Gobierno del cambio a través el Decreto Ley, muchos ciudadanos van a ver cumplido se deseo de que estas casas tengan una seguridad jurídica», ha concluido.
Aplaude la «celeridad» del Gobierno andaluz para resolver un problema que «viene de lejos» y que los anteriores gobiernos socialistas «no supieron solucionar»
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