El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha celebrado este jueves un Pleno extraordinario en el que se han rechazado los requerimientos del portavoz de Unidos Por Punta Umbría (UPU), José Carlos Hernández Cansino, sobre el Residencial William Martin. La propuesta ha recibido los votos a favor del equipo de Gobierno y los votos en contra de UPU y Ciudadanos. Izquierda Unida no ha estado presente en la sesión plenaria.
UPU registró la petición de un Pleno extraordinario para tratar todo lo acontecido con motivo de las obras del proyecto urbanístico residencial ‘William Martin’, conocido como el de las dos torres de 19 pisos, promovido por la empresa Riaumbría, tras la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Huelva que anuló el acuerdo de pleno del 27 de septiembre del 2017, por el que se pusieron a la venta los terrenos; una sentencia que el Consistorio va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Para la alcaldesa, Aurora Águedo, el portavoz de UPU no ha denunciado en anteriores ocasiones otras parcelas de Punta Umbría ni a otros empresarios «porque su objetivo es asfixiar al equipo gobierno y por la inquina personal que tiene con un determinado grupo de empresarios».
El secretario municipal ha señalado que la sentencia sobre este proyecto hace relación al «carácter dudoso de la controversia patrimonial». En cuanto a la reclamación de Riaumbría respecto a los intereses de demora derivados del contrato de los locales de la ED2, el concejal delegado de Economía y Hacienda, Daniel Ferrera, ha señalado que, con la compra de aquellos locales, «se buscó una finalidad social y no económica, dirigida hacia asociaciones sin ánimo de lucro».
La alcaldesa ha recordado que, desde que inició su mandato, «se ha reducido la deuda municipal en más de cuatro millones de euros, empezando a pagar las deudas más antiguas y a pequeños empresarios». Y que se han acogido «a toda la refinanciación que ha ido proponiendo el Estado». Por ello, ha invitado a Cansino a «que vaya a los juzgados si cree que hay alguna trama a favor de los empresarios relacionados con los locales de la ED-2».
Respecto a las parcelas del SUO-1, la concejala delegada de Urbanismo, Amelia Gallardo, ha indicado que, según informes técnicos, jurídicos y urbanísticos, «no existe causa para resolver ese contrato, ni para rescatar la parcela». A su vez, ha explicado que se cedieron por pleno, de forma gratuita, desde la manzana 5 a la manzana 7 de ese sector para la construcción de Viviendas de Protección Oficial en alquiler o alquiler con opción a compra. Asimismo, ha señalado que se han concesionado dos parcelas para la construcción de 120 alojamientos protegidos en el Barrio Romano y en la urbanización Cayetano Hernández del Campo. De ahí que el equipo de Gobierno haya votado en contra y no haya salido adelante la propuesta de UPU.
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