La secretaria de Políticas Sociales y Seguridad Social de UGT en Andalucía, Soledad Ruiz, que ha participado junto a la secretaria confederal Adela Carrió, y el secretario general de UGT en Huelva, Sebastián Donaire, en las jornadas ‘Discapacidad sobrevenida: Reincorporación o despido‘, ha indicado que de los 33.214 contratos realizados en el mes de noviembre en la provincia de Huelva «solo 376 han sido para personas con discapacidad» lo que supone un 1,13% del total, teniendo en cuenta que las personas con discapacidad que demandan empleo y están inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) son 1.902.
El seminario, organizado por el UGT y la Consejería de Igualdad, pretende dar un servicio de atención individualizada y grupal, con el que prestan «recursos y soluciones ante situaciones de discriminación que sufren las personas con discapacidad en el mundo laboral». Para ello ofrecen información y asesoramiento sobre el acceso y permanencia en el empleo, tanto en el público como el privado.
Según ha señalado el sindicato, los datos de Huelva «demuestran que es totalmente necesario este servicio para favorecer la situación de estas personas». Los datos de octubre sobre el número de personas con discapacidad en Huelva son de 40.835, lo que supone el 7,82% de la población total, «así como el 7% del total de personas con discapacidad en Andalucía son de la provincia de Huelva», apunta UGT.
«Nos demuestran estas cifras que se está muy lejos del total de contratos realizados», apunta el sindicato, que añade que «vemos que hay mucho que hacer, y desde UGT concretamente se está trabajando activamente para mejorar la situación de los miles de trabajadores con discapacidad, tanto sobrevenida o no, que necesitan que mejoren sus condiciones tanto de acceso al mercado de trabajo, como a la permanencia en el mismo».
A juicio de UGT, la negociación colectiva «debe prestar especial atención a las personas con discapacidad sobrevenida, estableciendo criterios de permanencia tanto para las empresas como para la administración y los servicios públicos, y garantizar la permanencia impidiendo el despido». Por ello, asegura «apostar por programas como es éste, que tiene el objetivo general de prestar esta ayuda a las personas con discapacidad, que lo demanden, así como la puesta en marcha de estas jornadas».
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