Opinión



FACUA Andalucía insta a la Junta a suspender el pago del alquiler de vivienda pública por el COVID

Como consecuencia del estado de alarma ocasionado por el coronavirus

Viviendas protegidas

FACUA Andalucía insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a suspender los pagos de alquiler de las viviendas de renta pública en la comunidad. Una ayuda que debe ser prioritaria para mantener en sus hogares a las familias cuando atraviesan dificultades económicas y más cuando pertenecen a colectivos vulnerables.

La federación critica que dos semanas después de que se decretara el estado de alarma, el Gobierno andaluz no se posicione en este tema y aún no haya planteado ni aprobado ninguna disposición en cuanto a la exoneración o moratoria del pago de las mensualidades del alquiler en estas viviendas.

Aquellos trabajadores asalariados o autónomos que pierdan su poder adquisitivo como consecuencia del estado de alarma ocasionado por el coronavirus y que se encuentren en situación de alquiler pueden sufrir serias dificultades para hacer frente a los pagos de la vivienda. Más grave aún será la situación para los usuarios que ya estuvieran en situación de desempleo y que precisamente por la coyuntura actual ven ahora practicamente imposible encontrar un trabajo.

En este sentido, la federación exige al Gobierno andaluz medidas destinadas a la protección de los sectores más desfavorecidos de la sociedad andaluza y que los adjudicatarios de estas viviendas gocen de una exoneración temporal del pago de la renta de alquiler.

FACUA Andalucía recuerda que otras comunidades autónomas y ayuntamientos han implementado ya medidas de este calado; como es el caso de la ciudad de Barcelona, el Gobierno valenciano o Extremadura, que exonerará a los inquilinos más vulnerables a partir del próximo mes de abril del pago de la cuota mensual hasta que finalice el estado de alarma.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía es titular de todo el parque residencial de la Junta de Andalucía, compuesto en la actualidad por 75.068 viviendas, de las cuales 49.829 tienen régimen de arrendamiento, mientras que las 25.239 restantes lo son en compraventa y acceso diferido a la propiedad.

La federación critica que dos semanas después de que se decretara el estado de alarma, el Gobierno andaluz aún no haya planteado ni aprobado ninguna disposición sobre esta cuestión

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