La Junta censura la retirada a Andalucía de 430 millones destinados a mantener el empleo

Andalucía ha reactivado la Formación Profesional para el Empleo con una licitación de cursos de 41 millones de euros
La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha criticado la nueva medida incluida en el Real decreto ley aprobado el martes 31 de marzo en Consejo de Ministros por el Gobierno de España que “pone en cuestión” la financiación de las políticas activas de empleo, lo que dificulta a Andalucía y al resto de las comunidades autónomas, su aplicación. Esta medida supone privar de cerca de 2.400 millones de euros a los gobiernos autonómicos para impulsar estas políticas de empleo, de los que en torno a 430 millones de euros corresponden a Andalucía, que ya había anunciado la reactivación después de muchos años de la Formación Profesional para el Empleo con la licitación de un paquete por importe de 41 millones de euros.

Empleo ha detallado que se trata de una modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado por la que el Gobierno, “rompiendo el consenso existente”, permitirá que la cuota de Formación Profesional para el Empleo que pagan los trabajadores pueda destinarse durante el presente ejercicio a financiar cualquiera de las prestaciones y subsidios por desempleo. Una medida, que, al igual que otras en el ámbito laboral, ha continuado la Consejería, “se ha tomado sin realizar ninguna consulta y desoyendo las propuestas de las comunidades autónomas”. “Las decisiones del Ejecutivo nacional no han permitido ni siquiera tener en cuenta alternativas más ágiles y eficaces para hacer frente a la gravísima crisis económica a la que se enfrenta sociedad española”, añade.

Ante esta situación de continuas medidas “tomadas sin consenso”, Andalucía ha consensuado con otras comunidades autónomas trasladar “su contrariedad ante esta decisión unilateral del Gobierno de España”, que se ha concretado en una carta dirigida a la ministra de Trabajo, anticipándose así a la reunión telemática prevista para este miércoles 1 de abril con motivo de la celebración de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

En la carta, suscrita por otras comunidades autónomas, manifiestan a la ministra de Trabajo “su decepción y desacuerdo ante esta medida, que se toma de manera improvisada y sin atender a propuestas que se han trasladado incluso por escrito”. En opinión de la Junta de Andalucía, “existen alternativas para financiar las nuevas medidas de protección diferentes a la utilizada por el Ejecutivo nacional (recursos del MEDE), sin eliminar la posibilidad de las comunidades autónomas de cumplir con su competencia de desarrollar políticas activas para mantener el empleo”.

En este sentido, se considera un “falso dilema” tener que elegir entre el pago de prestaciones por desempleo y aplicar políticas activas de empleo, porque existen mecanismos de financiación alternativos para desarrollar ambas. Se trata, según lo recogido en la misiva, de un “nuevo menosprecio” del Ministerio de Trabajo al papel a realizar por las comunidades autónomas para mantener y crear empleo, ya que elimina, prácticamente, cualquier posibilidad de poner en práctica las políticas activas de empleo, ya sea de formación o cualquier otro tipo de incentivo, “limitando severamente la posibilidad de colaborar a recuperar la normalidad en el menor tiempo posible”.

Señalan, asimismo, que con esta medida las personas trabajadoras están duplicando su aportación para el mismo fin, “puesto que los empleados pagan ya una cuota para cobrar la prestación por desempleo”. Asimismo, “con esta decisión de derivar las cuotas de formación para pagar prestaciones por desempleo, los trabajadores ven mermados sus derechos al no poder disponer de políticas activas de empleo con el dinero recaudado de lo que han pagado para ese fin. Una pérdida especialmente importante en un momento tan delicado como el actual, en el que es más necesario que nunca mejorar su cualificación para tener posibilidad de acceder a un empleo”.

Añaden en su carta a la ministra, la necesidad de dotar de los “recursos necesarios” a las políticas activas de empleo “con la finalidad de poder reaccionar rápidamente al impacto de la crisis, habilitando todos los recursos posibles a mantener el empleo, sin dejar por ello de dar cobertura a las personas que más lo necesiten”.

Otra medida “errónea”

Esta medida adoptada por el Gobierno de España, se suma, según las comunidades, “a otras acometidas anteriormente de forma errónea”, -y así lo señalan también en la carta- como es el caso de la opción de la vía de los expedientes de regulación temporal de empleo, frente a la opción utilizada entre otros países como Dinamarca, de pago directo a las empresas de una parte de los costes laborales en caso de estar ubicada su actividad en una determinada relación de CNAE -listas de actividades- correspondientes a los sectores afectados por la parada en la actividad económica. Una opción, reza la misiva, que “podría haber realizado de forma rápida y sencilla la Seguridad Social con un resultado positivo en el abono casi inmediato de los salarios, a diferencia del inmenso aluvión de expedientes a resolver, generado por la presentación de cientos de miles de solicitudes”.

Andalucía, y el resto de las comunidades autónomas que suscriben la carta, “reprochan” en este sentido al Ministerio que se no se haya consultado previamente las decisiones con quienes “son parte fundamental del procedimiento, a lo que se suma una información insuficiente sobre la gestión de los ERTE, que en ocasiones ha sido confusa e incluso contradictoria”.

La Consejería de Empleo reclama así al Gobierno estatal “una actitud recíproca ante la respuesta que se está mostrando por parte de todas las consejerías de Empleo de las comunidades autónomas, redoblando esfuerzos para afrontar el enorme reto que se les ha trasladado, colaborando con lealtad institucional para la consecución del principal objetivo: que los trabajadores puedan percibir la prestación por desempleo en el menor tiempo posible”.

La comunidad andaluza, junto a otras autonomías, traslada al Gobierno de España su desacuerdo al entender que existen otras alternativas de financiación que no afectan a las políticas activas

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