La Autoridad Portuaria de Huelva asegura que ha mantenido un diálogo «constante» con el sector de los exportadores de pescados y mariscos, a fin de establecer «las mejores condiciones» para la implantación de las empresas en las nuevas instalaciones de la Ciudad del Marisco y ha indicado que el plazo de desalojo de las instalaciones actuales se ha prorrogado automáticamente durante la vigencia del estado de alarma hasta finales del mes de septiembre.
El Puerto explica que las autorizaciones administrativas de la que han venido disfrutando en los módulos situados en el Muelle de Levante «es una situación que tiene su origen, hace décadas, con legislaciones distintas a la vigente, y con instalaciones obsoletas para el desarrollo de su actividad». Por dicha razón, recuerda, los títulos administrativos se extinguieron el pasado 31 de diciembre de 2019, abriéndose un plazo amplio para el desalojo de instalaciones.
Aunque no es función de la Autoridad Portuaria buscar alternativas a esta actividad, dentro de su compromiso de apoyo al tejido empresarial de Huelva, ha ejecutado el proyecto de la Ciudad del Marisco, dotado de unas instalaciones modernas, adaptadas a las nuevas exigencias del mercado y a la normativa actual, donde podrán optar por ubicarse las empresas que lo decidan.
En este sentido, indica que se ha mantenido un «diálogo constante» con el sector a fin de «establecer las mejores condiciones funcionales y económicas» para la implantación de las empresas que así lo deseasen en estas nuevas instalaciones. De esta forma, se ha ajustado al mínimo legal el importe de las tasas, resultando un importe de 580 euros mensuales por un local de 150 m2. Estos locales se encuentran sin equipamiento para que cada empresario pueda adaptarlo a su actividad concreta, así como para abaratar al máximo el coste a repercutir en las mencionadas tasas.
La Autoridad Portuaria lleva «meses» instando a los empresarios a tramitar la concesión de los módulos en la Ciudad del Marisco a fin de facilitar la ubicación de aquellos que quieran implantarse en las nuevas instalaciones. El retraso en formalizar estas solicitudes ha hecho que los plazos sean muy estrictos, «si bien hay que tener en cuenta que el plazo de desalojo de las instalaciones actuales se ha prorrogado automáticamente durante la vigencia del estado de alarma, contándose en estos momentos hasta finales del mes de septiembre».
Por último, destaca que ninguna de las resoluciones de la Autoridad Portuaria ha sido recurrida por los empresarios, que «pretenden una indemnización por la extinción de un título al término de su vencimiento natural y por obsolescencia de las instalaciones, y en una situación ante la que, en ningún caso, la APH fuerza, obliga, ni insta a traslado alguno de los empresarios».
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